Mario Monti pide el fin del aval público ilimitado a RTVE
El comisario europeo de Competencia, Mario Monti, propondrá mañana al resto de la Comisión Europea exigir el fin del aval ilimitado que el Estado presta al Grupo Radiotelevisión Española (RTVE), al considerar que se trata de una ayuda pública contraria a las reglas del mercado interior.
El aval público permite al grupo RTVE mantener su nivel de deuda, dado que garantiza su solvencia frente a los acreedores. Tras una investigación abierta en 1999, los servicios del comisario italiano han concluido que la mencionada garantía distorsiona la competencia y no se justifica por el hecho de que el Ente preste un servicio público. Según sus cálculos, el beneficio del aval "excede" los costes netos de tal servicio.
En cambio, el comisario no pondrá objeciones a las subvenciones directas que el Estado transfiere a RTVE, al considerar, en este caso sí, que compensan sin sobrepasar el coste de servicio público. No obstante, recomendará que el Grupo introduzca una separación, contable o estructural, entre sus actividades como servicio público y las que tienen carácter comercial (publicidad, adquisición de programas o venta a distancia).
Monti prevé que la Comisión Europea respalde y anuncie sus decisiones mañana mismo, para que puedan ser remitida al Gobierno a la mayor brevedad posible.
Investigación
La decisión comunitaria arranca en las quejas que Telecinco y Antena 3 elevaron a la Comisión Europea entre 1992 y 1994, cuando censuraron que la doble financiación pública y privada de las cadenas estatales y autonómicas españolas, violaba las reglas de libre competencia. Durante varios años, el entonces comisario de Competencial, Karel Van Miert, ignoró las quejas.
Pero a raíz de una denuncia de Telecinco, el Tribunal de Justicia de la UE sentenció, en septiembre de 1998, que el Ejecutivo comunitario debía investigar formalmente el caso. En febrero de 1999, la Comisión abría diligencias mediante una petición formal de información al Gobierno. Más de cuatro años después, Bruselas constata que RTVE se beneficia de dos vías de ayuda pública.
Por un lado, las transferencias presupuestarias anuales y, por el otro, el aval ilimitado que el Estado le presta y que garantiza su solvencia frente a los acreedores. Los servicios de Monti han valorado que el ente presta un servicio público, lo que podría justificar la asistencia estatal.
En este sentido, han tenido en cuenta la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre una empresa alemana de transporte local (sentencia Altman), según la cual, este tipo de ayudas son aceptables en la medida en que compensen el coste neto de la prestación del servicio público. Desde esta óptica, concluye Monti, las subvenciones a RTVE son acordes con la normativa europea.