Batalla legal en la guerra por Cepsa
La petrolera francesa Total y el Santander Central Hispano se preparan para la primera batalla en la guerra por Cepsa. Han contratado a dos despachos mercantilistas de primera fila para que afilen sus armas legales ante un enfrentamiento que se promete apasionante para cualquier jurista. Salvo que haya un acuerdo previo, lo previsible es que el enfrentamiento final tenga como escenario un tribunal de arbitraje internacional de derecho en La Haya al que las partes han acordado someterse.
En el camino, sin embargo, habrá escaramuzas importantes. La pelota está por ahora en el tejado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que debe autorizar la oferta pública de venta presentada por el Santander sobre el 16% de la compañía. En principio, el proceso de la oferta pública y el enfrentamiento entre socios sobre la validez de su pacto de accionistas deberían seguir caminos paralelos. Si la Comisión autoriza la oferta, ésta surtirá sus efectos de modo que el pequeño inversor tenga la seguridad de que si la acepta no se verá luego perjudicado aunque el arbitraje o una sentencia judicial acabe dando la razón a Total.
La opa del Santander ha puesto en evidencia las deficiencias de la Ley de Transparencia. De forma y de fondo. Por un lado, porque da lugar a interpretaciones de lo más dispares ante un mismo caso y deja un territorio lleno de lagunas para múltiples situaciones, de modo que apenas es posible dar un paso con certeza. Por otro, porque establece unos plazos demasiado largos para que vean la luz los pactos secretos entre accionistas, frecuentemente sellados en perjuicio del accionista minoritario.
Lo que parece claro es que la Ley de Transparencia se dictó dentro de una corriente que pretendía precisamente evitar los abusos contra los pequeños accionistas. æpermil;sos son los que en este caso salen ganando si se consideran ineficaces los pactos parasociales entre el SCH y Total, y válida, en consecuencia, la opa sobre Cepsa.