El fiscal censura la gestión de Cajasur, pero no aprecia ningún delito

En el escrito, al que ha tenido acceso este diario, la Fiscalía Anticorrupción da por buenos los argumentos de Cajasur, apoyados en parte por una informe encargada por la caja a la auditora Deloitte & Touche. Sostiene en el auto de archivo de la denuncia presentada por la Consejería de Economía de la Junta que las supuestas irregularidades cometidas por la entidad cordobesa, como el cobro de dietas por ir al cine o a un concierto, revelan 'la existencia de diferencias de criterio de gestión, más austeros y restrictivos por parte de la consejería que por parte de la dirección de la caja'. En la escueta parte que la fiscalía se reserva para censurar la gestión de la entidad destaca el caso del vocal de la comisión de control Rafael Morales, que según la fiscalía debería devolver 30.647 euros por percibir esta cantidad como consecuencia del ejercicio de su cargo. Pese a coincidir con la Junta en este punto, el fiscal matiza que 'no corresponde al fiscal suplir la falta de diligencia' de la caja 'en la exigencia de reembolso de la cantidad adeudada'.

Delito de falsedad

La fiscalía admite como cierta la denuncia de la Junta de que el presidente de la comisión de control aseguró ante la asamblea que el primer órgano había dado el visto bueno a los informes de auditoría sin ser ciertos. Pero minimiza el asunto asegurando que 'la inexactitud en lo declarado carece de relevancia y resulta inidónea para entrar en la órbita penal'.

Póliza y retribuciones del presidente

El fiscal descarta que la polémica póliza de vida suscrita por Cajasur para su presidente, Miguel Castillejo, incumpla la ley que prohíbe indemnizaciones a estos cargos y habla de 'retribución diferida'. En cuanto a la retribución 'excesiva' del presidente que denunció la Junta, explica que en 2000 se ajusta a los acuerdos de la caja y en 2001 y 2002 los incumple 'por defecto', al ser inferior la remuneración de Castillejo frente a la del director general. Sobre la denuncia de una retribución como canónigo, el fiscal señala que la caja ha informado que Castillejo renunció a ella, sin señalar más diligencias.

Dietas y gastos sin justificar

La Junta llegó a cuantificar en 10,3 millones las dietas y gastos irregulares de Cajasur, pero la fiscalía no aprecia ninguna ilegalidad, tan sólo diferencias de criterios y como mucho alguna 'conducta posiblemente censurable'. Añade que 'los estatutos facultan al presidente a convocar la comisión tantas veces como estime necesario'.

Gestión de la obra social

Sobre la denuncia de que se estaban incumpliendo los fines de la obra social con gastos como los viajes o la publicidad, la fiscalía replica que 'la gestión de ayudas está dentro de la normalidad', y añade que 'es opinable si el gasto cumple una finalidad social o no'.

La Junta no descarta volver a activar las diligencias

La Junta de Andalucía denunció en septiembre, cuando se dio a conocer el archivo de las diligencias sobre Cajasur, que este carpetazo de Anticorrupción revela que el fiscal general sigue el dictado del Gobierno y de la propia caja cordobesa. Aunque el archivo no es susceptible de ser recurrido, la Junta no descarta tomar otras medidas encaminadas a activar de nuevo la causa. La fórmula, según indican fuentes jurídicas, sería la de acudir a los tribunales ordinarios con la misma denuncia que la consejería elevó en febrero de este año ante la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, esta posible vía chocaría con la complejísima situación jurídica que envuelve las conflictivas relaciones entre el Gobierno andaluz y la caja de Castillejo. Además de las docenas de recursos que se siguen en los tribunales ordinarios, la Ley andaluza de Cajas de 1999 está recurrida por el Gobierno central y en parte suspendida por el TC, mientras que la Junta, junto al Parlamento andaluz y al PSOE, recurrió también ante el TC la Ley Financiera por su tratamiento sobre Cajasur. Por último, el Gobierno recurrió la adaptación andaluza de la Ley Financiera.