Comercio

La UE obligará a reducir las barreras legales al comercio

El Gobierno anunció ayer a las comunidades autónomas que la UE prepara una directiva sobre prácticas comerciales desleales que obligará a unificar las leyes de comercio en los Estados miembros y a eliminar las barreras que limitan el desarrollo del mercado interior.

En Francia, la implantación de una nueva licencia comercial trajo consigo una pérdida de empleos en la industria. Algo que, según los estudios de la Comisión y el Consejo Europeo, contrasta con 'el aumento de la participación del comercio minorista en el PIB del Reino Unido después de las reformas liberalizadoras de 1994'.

Los técnicos comunitarios están convencidos de que la proliferación y disparidad de legislaciones que regulan la distribución comercial en los Estados miembros de la UE son una traba al desarrollo del comercio interior y preparan una directiva que obligará a unificar las leyes en esta materia. Su argumento: la inflación de normas regionales es un 'obstáculo creciente' para armonizar el comercio en el territorio de la UE.

El plan fue comunicado ayer por el secretario de Estado de Comercio, Francisco Utrera, a los responsables de comercio de todas las comunidades autónomas, reunidos en Madrid.

Bruselas denuncia la 'discrecionalidad e inseguridad jurídica' reinante en materia de distribución

Utrera aprovechó para ello la reunión de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior, celebrada ayer para aprobar el reparto de los 6,7 millones de euros correspondientes a la dotación para este año del Plan de Modernización de las Estructuras Comerciales.

El informe de la Comisión, que sirve de base para la citada propuesta de directiva, critica la falta de información existente sobre los regímenes de autorización de establecimientos comerciales, especialmente en materia de urbanismo; y destaca, entre estos últimos, los llamados límites cuantitativos, como 'la imposición de superficies máximas, los límites territoriales o el cúmulo de autorizaciones administrativas'.

Para el Ejecutivo de la UE estas medidas 'suponen limitar el número de prestadores de servicios y favorecer a operadores nacionales', prácticas que considera 'perjudiciales' para el empleo en el sector de la distribución'.

Se refiere también la Comisión a la 'discrecionalidad y la inseguridad jurídica' como obstáculos al establecimiento transfronterizo de los servicios de distribución, apartado en el que incluye la concesión de autorizaciones de híper y supermercados en función de 'criterios socioeconómicos, tales como las necesidades con respecto a los comercios existentes'.

Exigencia que aparece en la normativa comercial de Cataluña y otras comunidades autónomas españolas.

El secretario de Estado confirmó también a los dirigentes autonómicos que el Gobierno va a incluir en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo una disposición para permitir que la devolución de los préstamos para servicios continuados que se financian con un crédito al consumo se vincule a la prestación efectiva del servicio, sin necesidad de que el acuerdo entre el proveedor del servicio y la entidad financiera se haya suscrito en exclusiva.

Con ello se pretende evitar la repetición de casos como el de Opening y otras escuelas de idiomas.

Andalucía y Cataluña copan el 37% de los fondos para modernización

Gobierno y comunidades autónomas aprobaron también ayer el reparto de los últimos fondos territorializados del Plan de Modernización del Comercio, en función de cuatro criterios: la población total de cada comunidad autónoma, el número de locales comerciales, la población activa en el comercio y el número de parados de larga duración en el sector. En función de estos criterios, Andalucía y Cataluña copan el 37% de los fondos, en cuyo reparto no se incluyen al País Vasco y a Navarra por sus regímenes fiscales especiales.