Un empleado de Eurobank, acusado de apropiarse de 3,6 millones de euros antes de 1996
El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo está a punto de concluir una causa abierta en 1996 por delito de apropiación indebida contra José Luis Fuentes Pedra, ex director de las sucursales de Reus y Tarragona de Eurobanc del Principat, luego llamado Eurobank del Mediterráneo-.
La instrucción del caso comenzó en 1996 después de que el propio Eurobanc denunciara el 7 de marzo de 1995 a Fuentes por los delitos de estafa y apropiación indebida, tras detectar las irregularidades cometidas en su gestión, consistentes en la creación en una banca paralela.
Fuentes, que trabajaba en la citada entidad desde 1987, se trasladó entonces a Caixa Rural de Valencia, donde continuó con las mismas prácticas. Se calcula que podría haberse apropiado indebidamente de alrededor de 3,61 millones de euros de clientes de ambas entidades.
El empleado, aprovechando sus cargos en ambas entidades, ofrecía depósitos a los clientes con los que percibían un interés más alto que el de otros productos sin necesidad de declararlos a Hacienda. Sin embargo, cuando fueron a retirarlos, los bancos no se hicieron cargo, al no constar que hubieran realizado ningún ingreso.
En la causa abierta en la Audiencia Nacional figuran un total de 62 clientes que realizaron ingresos en los depósitos ofrecidos por Fuentes por importes que oscilan entre las 400.000 pesetas y los 11 millones de pesetas, por lo que ninguno puede ser acusado de delito fiscal al no alcanzarse la cantidad establecida para ello, 15 millones de pesetas.
El dinero presuntamente apropiado indebidamente por José Luis Fuentes se ha calculado en alrededor de 3,61 millones de euros (600 millones de pesetas). Tanto Eurobank del Mediterráneo como Caixa Rural de Valencia podrían ser declarados responsables civiles subsidiarios de la citada cantidad.
Pruebas calígraficas
La instrucción del caso se encuentra prácticamente concluida, sólo pendiente de unas pruebas caligráficas solicitadas por el fiscal Anticorrupción adscrito al caso, Alejandro Luzón, el pasado mes de febrero. Con ellas se pretende determinar si Fuentes y un colaborador suyo, también imputado, cometieron además de un delito de apropiación indebida otro de falsedad.
Aunque durante la instrucción de la causa han desfilado por los Juzgados de Tarragona -que comenzaron la investigación y se inhibieron a favor de la Audiencia Nacional- y por el Juzgado Central de Instrucción número 6 más de una decena de imputados, las fuentes consultadas señalaron que probablemente sólo se sentarán en el banquillo de los acusados por estos hechos Fuentes y su colaborador más cercano.