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Alta velocidad

El AVE a Lleida pasa la primera prueba sin fecha para alcanzar la alta velocidad

El secretario de Estado de Infraestructuras, Benigno Blanco, ha confesado hoy "no poder determinar la fecha" en que la nueva línea del AVE Madrid-Lleida contará con la instalación del sistema de seguridad y señalización ERTMS, que permitirá a los trenes alcanzar la velocidad máxima de 350 kilómetros a la hora para la que fue diseñada.

Esta mañana, dos trenes circularon por la vía del AVE, uno con destino Madrid y otro hacia Lleida, con periodistas y autoridades de las tres ciudades, aunque, a diferencia de los viajes de principios de año, esta vez no se detuvieron en ninguna estación intermedia. La presentación precede tres días a la explotación comercial del citado tren, que comenzará a unir Madrid con Zaragoza y Lérida, por la nueva vía a partir del próximo sábado día 11.

La velocidad comercial inicial del AVE será de 175 kilómetros por hora, con una máxima de 200 kilómetros por hora, muy lejos de los 350 que se anunciaron cuando se diseñó la línea. La señalización, que no es la definitiva, obliga según el Ministerio de Fomento al límite de velocidad.

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Los cinco aplazamientos que acumula la inauguración se han traducido también en la elevación del coste de la obra en 147 millones de euros. El Gobierno a achacado dichos retrasos a derrumbes de terrenos y sabotajes de la catenaria, pero también el Tribunal de Cuentas ha apreciado que el 84% de los contratos han sido ejecutados fuera de plazo.

En los últimos días, además, se ha levantado una intensa polémica entorno a la seguridad de la vía a su paso por la afueras de Zaragoza al atravesar unos terrenos de gran actividad geológica sobre la que los expertos han advertido insistentemente. La semana pasada, la localización de dos grandes socavones en las inmediaciones de la línea llevó a los Gobiernos aragonés y catalán a poner en solfa la conveniencia de mantener la fecha de inauguración. La Generalitat, además, reclamó a Fomento una auditoría externa que garantizara la seguridad, pero el Gobierno ha descartado dicha posibilidad.

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