El fiscal avala a los síndicos y califica de 'culpable' la quiebra de Mecapeña
La calificación de la quiebra de Mecapeña y la resolución del proceso concursal sigue su curso, un sumario en el que el papel jugado por sus administradores está, hasta ahora, muy cuestionado, a falta del informe del abogado de los gestores de la compañía y del dictamen que realice el juez. El ministerio fiscal ha decidido no oponerse a la opinión de los síndicos, que en el informe elevado al juez de Primera Instancia número 13 de Bilbao consideraron 'culpable' la quiebra de Mecapeña con sede en Urdúliz (Vizcaya).
El fiscal ha dado por válidos los argumentos de los representantes de los acreedores (Ángel Toña, Ignacio Barianca y José María Makua) en una quiebra que ha supuesto la liquidación de la compañía, el despido de 400 trabajadores y un buen número de acreedores, tanto financieros como comerciales, que suman en conjunto más de 186 millones de euros.
El informe de los síndicos se apoya en varios artículos del Código de Comercio para defender la culpabilidad de los administradores en la quiebra. La firma vasca, en el momento de solicitar, primero la intervención judicial y posteriormente la administración judicial, estaba controlada por la compañía noruega Kvaerner y el consulting vasco Hi-Tec controlado por Jesús Lobo y Pedro Abásolo, actualmente presidente de Tubos Reunidos.
Informe del comisario
Los síndicos, a la hora de calificar la quiebra, se basaron en el informe elevado al juez por su representante en el proceso concursal, el comisario, en este caso Fernando Gómez Martín. Según su criterio, y una vez revisadas las cuentas en profundidad, deduce que 'las deudas acumuladas estaban vencidas y eran exigibles, en notable proporción a la solicitud de la suspensión de pagos (18 de mayo de 1999) y, evidentemente, con anterioridad a la declaración de quiebra (23 de enero de 2001). El comisario señala también que el sobreseimiento de los pagos se produjo a lo largo de 1998 y que ya para entonces, una vez comparados los ejercicios de 1997 y 1998, se apreciaba 'la existencia de una quiebra de hecho o estado de quiebra', dado el incumplimiento de los pagos a los acreedores y a la incapacidad para atender a sus compromisos.
Fernando Gómez Martín añade en su estudio que Mecapeña incumplió los artículos 25 y 28 del Código de Comercio, ya que 'no dispone de libro de inventarios y cuentas anuales, propiamente dicho, y el libro de balances tan sólo recoge los balances trimestrales de comprobación de sumas y saldos'. Concluye este capítulo manifestando que 'los requisitos contables precedentemente referidos no cumplen, en general, con las formalidades establecidas en el Código de Comercio'. El estudio trasladado al juez que entiende del asunto ha sido cuestionado por el bufete madrileño Albiñana y Suárez de Lezo, que defiende los intereses de la quebrada. Este despacho de Madrid argumenta que el informe presentado por el comisario debe tener un alcance relativo, dado que la situación de quiebra en la que se encontraba la sociedad tendría que haber sido conocida por este representante del juez cuando fue nombrado interventor en la suspensión de pagos, hace cuatro años.
Una larga trayectoria de crisis
Fracasos con los nuevos socios Mecánica de la Peña comenzó su crisis en 1986. En aquel año, los fundadores de la compañía, la familia Erhardt, presentaron suspensión de pagos, y un grupo de empresarios locales, aglutinados en torno a la sociedad Hi-Tec, asumieron la compra de Mecapeña por el precio simbólico de una peseta. Desde entonces, la compañía navegó sola en el complicado sector de bienes de equipo. Hi-Tec buscó socios de referencia sin desmayo. Llegó a anunciar una integración con el fabricante de tubos sin soldadura Tubacex, pero los gestores de la sociedad de Llodio (Álava) se desmarcaron de la operación en el segundo paso cuando había que retratar los balances. Después, consiguió que el grupo noruego Kvaerner comprara en 1996 el 55% del capital, pero los escandinavos se apuntaron a su propia crisis y suspendieron pagos. Así que decidieron no apoyar a Mecapeña.Cuestión de imagen La calificación de culpable en la quiebra de Mecapeña no supone responsabilidad penal para los administradores de la sociedad, aunque sí un importante efecto de imagen. Pedro Abásolo y Jesús Lobo no se han caracterizado en su trayectoria profesional conjunta por protagonizar historias de éxitos empresariales. La quiebra de Corporación Ucem, que cotizaba en Bolsa, y de buena parte de su grupo de sociedades, dejó sin sus ahorros a un importante número de accionistas minoritarios. El abogado de los administradores, Mario Fernández, ex vicelendakari del Gobierno vasco y alto ejecutivo del BBVA, intentará en su informe desmontar la tesis de los síndicos para lavar la imagen de sus clientes y conseguir que el juez considere 'fortuita' la quiebra. La historia de Kvarner no ha sido menos brillante. Presentó suspensión de pagos cuando estaba en el capital de Mecapeña.