La CE exige a París por vía judicial que recobre las ayudas dadas a Bull
Un expediente de ayudas de Estado vuelve a enfrentar a la Comisión Europea y el Gobierno francés, sólo una semana después de que ambas partes alcanzasen un acuerdo sobre el plan de salvamento del grupo Alstom. Bruselas denunció ayer ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la resistencia de París a recuperar el préstamo de 450 millones de euros que concedió el año pasado a la empresa de informática Bull. El comisario europeo de Competencia, Mario Monti, autorizó entonces la ayuda de emergencia a condición de que la compañía francesa devolviese el crédito antes del 17 de junio de este año.
'La decisión de Francia de no exigir el reembolso supone una violación grave para la credibilidad de las normas de competencia', indicó ayer Monti, quien subrayó que 'es la primera vez que la Comisión Europea emprende el camino judicial por no haberse respetado una decisión favorable con condiciones'.
Bull ya se benefició en 1993 de una ayuda pública de 1.700 millones de euros, lo que inhabilita a la compañía durante 10 años para percibir nuevos subsidios.
Bruselas, no obstante, permitió el año pasado excepcionalmente que el Estado francés concediera a la empresa un préstamo reembolsable por la cantidad mínima necesaria para mantenerla a flote y a condición de que no se utilizara para nuevas inversiones.
París ha incumplido la promesa de recuperar la ayuda doce meses después de que Bull percibiera la última aportación del préstamo. Un mal presagio para la ayuda reembolsable de 800 millones de euros que Monti acaba de autorizar para el grupo Alstom. 'Para conseguir economías de escala no viene mal si se pueden discutir varios expedientes con el mismo ministro de Economía', ironizó el comisario italiano sobre sus repetidos altercados con el titular galo, Francis Mer.
I+D bajo sospecha
La Comisión Europea inició ayer también una investigación en profundidad sobre las ayudas del Gobierno italiano a seis proyectos en el sector aeronáutico (dos modelos de helicópteros y cuatro de aviones) concedidas con el pretexto de que se trata de un apoyo a la investigación y desarrollo. Bruselas sospecha que Roma, que no notificó las ayudas, puede haber camuflado bajo el epígrafe I+D ayudas de Estado ilegales a varias compañías del grupo Finmeccanica.
La Comisión duda que los seis proyectos subvencionados cumplan estrictamente las condiciones requeridas para calificarlos como I+D.