Monti obvia los reveses judiciales y redobla su combate a los carteles
El comisario europeo de Competencia ha encajado impasible la cuarta revocación judicial, en apenas 15 meses, de una decisión de su departamento. Mario Monti impuso ayer una nueva multa millonaria a un cartel de cinco empresas en el sector químico y anunció que no cejará en el combate contra estas prácticas ilegales.
La Comisión Europea, a propuesta de Monti, castigó ayer con una sanción de 138,4 millones de euros a las cinco compañías químicas que, lideradas por la alemana Hoechst (filial de Aventis), se repartieron durante 16 años el mercado europeo del ácido sórbico (un conservante muy utilizado por la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética).
La sanción a Hoechst (99 millones) y tres de sus competidores japoneses (una cuarta compañía nipona se ha beneficiado de la inmunidad total por denunciar el cartel) se produce tras una 'cuidadosa investigación' de cinco años, según la CE.
Sólo 24 horas antes, sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia de la UE había anulado, por graves defectos de procedimiento (falta de pruebas, violación del derecho de defensa), una multa de 273 millones que Bruselas impuso en 1998 a un cartel del transporte marítimo.
La nueva sanción llega tras la anulación de una multa de 273 millones a un cartel marítimo
El comisario italiano acometió en diciembre, después de tres batacazos judiciales consecutivos que anularon el veto comunitario a otras tantas fusiones, una reforma profunda de su departamento. La incorporación de economistas a un equipo dominado por abogados y la ampliación de los plazos para revisar las fusiones figuraron entre las medidas tomadas. Monti da por resueltos todos los problemas de instrucción detectados por el Tribunal y anuncia que en los próximos meses arreciará su campaña contra los acuerdos ilícitos entre compañías.
Monti ha recurrido, además, una de las sentencias (la que anuló el veto a la fusión de Tetra Laval y Sidel) por considerar que el tribunal exige a la CE que demuestre fehacientemente las consecuencias negativas de la operación que desea prohibir.
'Este requisito es imposible de cumplir y no es coherente con el reglamento de fusiones', opina el departamento de Monti. La demostración a priori trastocaría el actual esquema de control de la competencia, en el que, a diferencia de EE UU, corresponde a las empresas apelar contra las decisiones de las autoridades políticas.
Sentencia tras sentencia, el tribunal está subrayando las limitaciones del modelo europeo y alentando las voces favorables a un esquema como el de EE UU. La puntilla puede llegar si admite la demanda de indemnización por la frustrada fusión Airtours/ First Choice, uno de los vetos anulados por los jueces, o falla contra el veto a la fusión de General Electric y Honeywell.