El fiscal apoya una acción civil contra Boliden

La Fiscalía de Sevilla apoyó ayer la posición de la Junta de Andalucía a favor de permitirle presentar una demanda civil contra el grupo sueco Boliden para reclamar los 90 millones de euros que costó la limpieza del vertido tóxico que ocasionó, en abril de 1998, la ruptura de una balsa minera en Aznalcóllar (Sevilla).

Después de que la Audiencia de Sevilla ratificara en noviembre de 2001 la decisión de un juez de impedir la vía penal para reclamar los daños, ahora debe decidir si confirma que es improcedente acudir a la vía civil, según dictó una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla en abril.

El auto de este juzgado instaba a la Junta a agotar primero la vía administrativa en base al argumento de incumplimiento de contrato, dado que las minas son un bien público sujeto a concesión. En una vista celebrada ayer en la sección sexta de la Audiencia de Sevilla, el teniente fiscal, Miguel Ruiz Márquez, tachó estas consideraciones como 'una interpretación absurda prohibida por la ley'. Argumentó también que esta sentencia supone una 'vulneración del derecho a la tutela judicial' de la Junta.