El Tribunal de la UE anula una multa de 273 millones impuesta por la Comisión
El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea volvió ayer a enmendar la plana a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. La misma instancia judicial que el año pasado anuló tres vetos de la Comisión Europea (CE) a otros tantos proyecto de fusión empresarial (Airtours/First Choice, Tetra Laval/Sidel y Schneider/Legrand) revocó las sanciones impuestas en 1998 a las compañías integrantes de una Conferencia Marítima Transatlántica (TACA, en sus siglas en inglés).
Bruselas sancionó con un total de 273 millones de euros a las 15 navieras que en 1996 comunicaron un acuerdo sobre tarifas y condiciones en las rutas de transporte transatlántico. Las compañías se habían negado a renunciar al pacto cuando Bruselas les planteó su incompatibilidad con las normas comunitarias de competencia.
La sentencia, aunque confirma la ilegalidad del acuerdo, no considera probado que los firmantes presionaran al sector para suscribir los términos pactados. El tribunal considera atenuante el hecho de que las compañías (la británica P&O o la estadounidense SeaLand, entre ellas) notificasen el acuerdo a Bruselas y lo hiciesen público en EE UU.
Falta de pruebas
La CE se mostró ayer 'profundamente satisfecha' porque la sentencia ratifica la ilegalidad del acuerdo. Pero el fallo judicial vuelve a incidir en las lacras de procedimiento que ya se detectaron en algunas de las decisiones sobre fusiones empresariales: ausencia de pruebas y violación del derecho a la defensa.
Unos cargos muy graves contra una unidad de la Comisión que desea obtener potestades (como el derecho a realizar pesquisas en los domicilios de los empresarios cuando haya sospechas de cartel) próximas a las de las autoridades judiciales.
El comisario de Competencia, Mario Monti, ha convertido la lucha contra los carteles en una prioridad de su equipo. Bajo su mandato, la CE ha batido los récords en sanciones por carteles: en 2001 impuso la mayor multa hasta ahora, 855 millones de euros, al llamado cartel de las vitaminas, encabezado por la farmacéutica suiza Roche (462 millones). La multa anulada ayer era la cuarta en el ranking de sanciones.