La Audiencia Nacional investiga la gestión de Telefónica en Terra
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Guillermo Ruiz Polanco, ve indicios que podrían constituir 'infracción penal' en los hechos denunciados por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae).
Esta asociación, personándose como acción popular, interpuso una querella el pasado 21 de julio contra ex directivos de Telefónica y Terra y los consejos de administración de ambas compañías por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida, conspiración para alterar el precio de las cosas, coacciones y delito societario.
El juez Ruiz Polanco argumenta en su escrito, comunicado ayer a las partes, que es procedente instruir diligencias previas para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y las personas que han intervenido.
En los próximos días, Ruiz Polanco, quien también instruye el caso Sintel, tendrá que decidir a través de un auto si la querella es admitida a trámite y, si es así, determinar los imputados en la causa.
Por su parte, el fiscal Ignacio Gordillo, quien hizo ayer público su escrito, solicita el archivo de la querella por no apreciar indicios de delito.
Telefónica lanzó en mayo una opa sobre Terra en la que ofreció 5,25 euros por acción, menos de la mitad del precio de su salida a Bolsa en noviembre de 1999. Ese precio, inadmisible para la mayoría de los pequeños accionistas, motivó la querella de Adicae, a la que se han sumado ya más de 2.000 inversores.
En ella se acusa al ex presidente de Telefónica Juan Villalonga; a los ex consejeros Juan Perea y Martín Velasco, al fundador del buscador Olé (embrión de Terra), Pep Vallés, así como a los consejos de administración de ambas empresas, de estafar a más de medio millón de accionistas.
A juicio de Adicae, Terra fue un engaño de Telefónica, ya que lo único que había detrás era el buscador Olé, que sólo era un nombre a pesar de que fue comprado en 1999 por 3.000 millones de pesetas.
Según Adicae, 'la querella no tiene por objeto tanto la opa, sino desentrañar la historia turbulenta de Terra y reparar los daños'. La asociación pide una indemnización por responsabilidad civil de 7.000 millones de euros.
OTROS TRES FRENTES JUDICIALES ABIERTOS
Irregularidades en la venta del buscador OléPep Vallés, una de las personas contra las que va dirigida la querella de Adicae, está envuelto en otra causa judicial por la venta del buscador Olé (fundado por él mismo, y que fue el embrión de Terra) a Telefónica en 1999. El Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona admitió a trámite una querella por un presunto delito de estafa en 2000. Posteriormente, la investigación se amplió por un supuesto delito fiscal. Según la Agencia Tributaria, la cuota defraudada asciende a 90.000 euros, ya que la venta de Olé a Telefónica se hizo a través de una sociedad luxemburguesa en la que participaba, además de Pep Vallés, el ex consejero de Telefónica Martín Velasco, denunciado también por Adicae.Contencioso-administrativo en la Audiencia NacionalOtra agrupación de inversores españoles, la Asociación Mundial de Accionistas de Terra (Accter), interpuso el pasado mes de julio un recurso contencioso- administrativo ante la Audiencia Nacional contra la CNMV por fraude de ley. La organización denuncia que Telefónica 'ha puesto en práctica una opa coercitiva en dos etapas', y denuncia la aprobación y participación del organismo supervisor en la misma. El contencioso ha correspondido a la Sala de la Audiencia Nacional, presidida por la magistrada Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior durante uno de los Gobiernos de Felipe González. Telefónica ha solicitado su personación como parte codemandada en este procedimiento.Demanda colectiva en el tribunal de Nueva YorkLa querella interpuesta por Adicae no es la única causa judicial a la que se enfrenta Telefónica por culpa de Terra. El 29 de mayo, un grupo de inversores de Estados Unidos presentó una demanda colectiva ante el Tribunal Supremo de Nueva York por estar en desacuerdo con la opa. Los demandantes consideran que Telefónica 'abusó de posición dominante como accionista mayoritario al imponer un injusto e inadecuado precio por acción a los inversores minoritarios'. Según la demanda, este precio 'no es el resultado de una valoración pormenorizada, sino que ha sido fijado arbitrariamente con el objetivo de limitar el precio de mercado de los títulos'. Una segunda demanda colectiva fue presentada en junio.