Hacienda flexibiliza las inversiones de los fondos de pensiones

El Gobierno ha enviado su primer borrador del anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento) a la consideración preceptiva del Consejo Económico y Social. Aunque no modifica grandes pilares legislativos, retoca al menos 36 leyes (todas las de los grandes impuestos), varios reglamentos y reales decretos, además de armonizar varias normas comunitarias. Amplía los márgenes de inversión de los fondos de pensiones, así como el mercado de titulización de créditos, con mecanismos que permiten a la entidad bancaria retener en su balance los activos titulizados, y establece por vez primera un sistema de sanciones por el fraude en la formación profesional.

La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado sigue siendo utilizada por el Gobierno como una ley escoba para introducir todo tipo de novedades en el terreno fiscal, laboral y puramente empresarial. Aunque para 2004, las novedades son menores que en años anteriores, el borrador de la norma que ha preparado el Gobierno, y que pretende aprobar en los próximos quince días, incluye aspectos interesantes. Uno de ellos pretende diversificar aún más las inversiones que se efectúen a través de los fondos de pensiones.

El texto refundido de la vigente Ley Reguladora de Planes y Fondos de Pensiones dice muy claro que el activo de los fondos de pensiones 'estará invertido de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación y de plazos adecuados a sus finalidades'.

En este sentido, establece que, al menos un 75% del dinero debe invertirse 'en activos financieros contratados en mercados regulados, depósitos bancarios, créditos con garantía hipotecaria o en inmuebles'.

Ahora, el borrador de la ley de acompañamiento a los Presupuestos remite a un reglamento la fijación de este límite, pero dispone que 'no será inferior al 70%' del fondo.

La reducción del porcentaje mínimo, del 75% al 70%, implica que las instituciones de inversión colectiva podrán invertir hasta un 30% (ahora es el 25%) en otros activos de mercados no regulados.

Se abre aquí un abanico muy amplio que está siendo utilizado cada vez más por las entidades gestoras de fondos de pensiones. De hecho, las inversiones alternativas, como las realizadas a través de productos derivados, han ido creciendo en los últimos meses ante tipos de interés históricamente bajos y la situación inestable de los mercados de renta variable.

Las gestoras de fondos de pensiones no quieren perder cuerda en un mercado en el que se mueven ya 50.894 millones de euros (datos de Inverco a 30 de junio), repartidos entre 6,8 millones de partícipes (5,9 millones de planes individuales y algo más de 600.000 de planes de empresa y asociados). Sin duda alguna, las ventajas fiscales están ayudando a revitalizar un sector en el que apenas había invertidos 3.000 millones de euros a comienzos de los años noventa.

El Gobierno ha aprovechado también el borrador de la Ley de Acompañamiento para coordinar las aportaciones máximas a planes y fondos de pensiones con los incentivos fiscales introducidos al respecto en el nuevo IRPF que entró en vigor en enero. No tenía sentido, como ocurría hasta ahora que Hacienda permitiera deducirse por aportaciones a planes hasta 8.000 euros anuales si la propia ley de planes de pensiones no tenía actualizada a esta cuantía.

Según consta en el borrador de la ley de acompañamiento, las aportaciones anuales máximas a los planes de pensiones (sin incluir las contribuciones que pueden efectuar los empresarios en favor de sus trabajadores) se elevan de 7.212 a 8.000 euros anuales (el límite de deducción impuesto por Hacienda). En el caso de partícipes mayores de 52 años, el límite anterior se incrementará en 1.250 euros adicionales por cada año del partícipe que exceda de 52 años, hasta los 24.250 euros para mayores de 65 años.

Sanidad. El Ejecutivo delimita las tasas por inspección a productos animales

La crisis sanitaria originada por el denominado mal de las vacas locas sigue trayendo cola. El Gobierno ha optado por mantener los controles impuestos, pero ha optado por hacer correcciones en las tasas sanitarias que aplica. Concretamente, en las cuantías que se pagan por las inspecciones veterinarias de productos de origen animal no destinados a consumo humano, procedentes de países no comunitarios. El celo impuesto tras la aparición de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) ha hecho que en algunas ocasiones estas tasas se consideren excesivas. El Ejecutivo mantendrá todas ellas pero fija un máximo que, en casi todos los casos, es de 4.820 euros por partida de carne inspeccionada.En el caso de carnes frescas destinadas a la alimentación animal (como harinas cárnicas) y de óvulos y embriones, la cuota mínima es 29 euros por partida.

Defensa de la Competencia. Los funcionarios podrán retener las pruebas documentales 10 días

Los funcionarios del Tribunal y del Servicio de Defensa de la Competencia 'en el curso de sus inspecciones podrán examinar, obtener copias o realizar extractos de libros, documentos, incluso contables, cualquiera de sea su soporte material, y si procediera retenerlos por un plazo máximo de 10 días'. Además, los funcionarios podrán solicitar explicaciones verbales a los responsables de las empresas inspeccionadas in situ.La Ley de Acompañamiento modifica también varios puntos del articulado de la Ley de Defensa de la Competencia (de julio de 1989), para adaptarla a la nueva normativa europea. Cambia también la legislación referida a la ley de adaptación de los tribunales autonómicos con el nacional.La ley permite también la creación del convenio financiero para la financiación estatal de parte de las obras del metro de Sevilla.

Regímenes especiales Mayores deducciones para las empresas instaladas en Canarias

La Ley de Acompañamiento incluye modificaciones importantes del régimen económico fiscal canario.Las sociedades domiciliadas en el archipiélago que sean de nueva creación o que, ya constituidas, amplíen capital estarán exentas durante tres años del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en línea con los incentivos que ya aplica la Zona Especial Canaria (ZEC). También estarán exentas del impuesto general indirecto canario las entregas de bienes de inversión. Asimismo, no se tributará por las ayudas públicas concedidas para paliar los daños causados por las lluvias de marzo de 2002 en Tenerife. Además, en el proyecto de Ley de Presupuestos figura el compromiso alcanzado por el Gobierno con Coalición Canaria de dotar al territorio con 100 millones de euros adicionales para mayores inversiones y prestaciones sociales.