La investigación sobre Eurostat revela que el fraude duró hasta 2002
La Comisión Europea entregó ayer los primeros resultados de las auditorías internas sobre el escándalo Eurostat, cuyas conclusiones, aún no definitivas, describen un panorama de irregularidades y falta de control absoluto en la Oficina de Estadísticas comunitaria.
Los documentos reconocen que la gestión mejoró sensiblemente a partir de 1999, año en que se inició el mandato del actual presidente de la Comisión, Romano Prodi. Pero no excluyen que las prácticas fraudulentas, que pueden haber costado al presupuesto comunitario casi cinco millones de euros, se prolongaran en algunos casos hasta el año 2002. 'Se han identificado algunos potenciales casos de fraude posteriores a 1999, pero relacionados a la herencia de prácticas iniciadas antes de 1999', afirma una de las auditorías.
El servicio de auditoría interna de la Comisión ha sido incapaz de encontrar el más mínimo rastro de las cuentas paralelas creadas por Eurostat y sobre cuya liquidación no ha aparecido la menor constancia. Los auditores confían en que el análisis de la documentación de los contratos firmados con las principales empresas colaboradoras de Eurostat permita descifrar 'la extensión de tales prácticas en términos de volumen, utilización y calendario'.
Datashop en Madrid
El grupo de expertos creado expresamente para analizar el caso Eurostat señala en su informe que los problemas con la adjudicación de contratos continuó después de 1999, cuando la Comisión de Prodi inició su mandato. En diciembre de 2001, la Comisión firmaba todavía la extensión de un contrato con una de las firmas (CESD) que ha investigado la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). La conclusión de la investigación de OLAF indica que la gestión de estos fondos ha supuesto la pérdida de tres millones de euros para el presupuesto comunitario.
La regularización de la tienda Datashop en Madrid, que no tuvo lugar hasta 2002, se señala como otro caso de persistencia de prácticas irregulares en la gestión. La Comisión había recomendado en 1999 que se revisara la gestión de estos puntos de venta de material estadístico, cuyos ingresos nunca verificó Eurostat y cuya adjudicación se hacía sin ningún tipo de procedimiento normalizado. La tienda de Madrid, dependiente de la empresa francesa Planistat no regularizó su funcionamiento hasta 2002.
El gabinete del comisario de Economía, Pedro Solbes, además, recibió en julio de 2002 un borrador de informe en el que se hacía referencia a la existencia de cuentas reservadas en Datashop. La mención desapareció en la versión definitiva, sin que el gabinete de Solbes, según ha relatado el jefe del mismo, lo pidiera. Los informes hacen hincapié en el riesgo que supone esta falta de comunicación entre los comisarios y sus directores generales.
Los grupos quieren cerrar la crisis sin dimisiones
El presidente de la Comisión, Romano Prodi, presentará hoy los dos documentos a los líderes de los grupos del Parlamento Europeo. La lectura política que uno y otros hagan de las conclusiones de las auditorias puede marcar el futuro de al menos tres comisarios europeos: Pedro Solbes, titular de Economía; Neil Kinnock, de Reforma Administrativa, y Michaele Schreyer, de Presupuestos. El vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, salió ayer en defensa del comisario de Economía y exigió que, 'antes de anticipar juicios o hacer batallas políticas', se aclare de quién dependen los departamentos donde se produjo el fraude.La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude iniciaba el 6 de octubre de aquel año una investigación para determinar la responsabilidad interna y externa en el caso.Olaf remitía el 22 de abril de 2003 a la Fiscalía de París las evidencias halladas contra Planistat, una compañía francesa de estadísticas que desde 1993 había obtenido de Eurostat la adjudicación de contratos por un valor cercano en total a 41 millones de euros. Planistat regentaba, además, las tiendas de comercialización del material de Eurostat en España, Bélgica y Luxemburgo.