Directivos del grupo Recoletos son imputados por supuesto delito fiscal
Los imputados son el presidente de Recoletos, Jaime Castellanos; el vicepresidente, Javier Revuelta del Peral; el consejero delegado, Alejandro Kindelán, y los directivos Luis Infante, José María García-Hoz, Juan Kindelán y María Auxiliadora Belda.
Según la querella, admitida a trámite el pasado mes de junio, estos directivos no ingresaron a Hacienda los pagos correspondientes a retenciones sobre retribuciones percibidas durante 1998, 1999 y 2000.
En total, las cantidades presuntamente defraudadas podrían ascender a más de 1,2 millones de euros. El fiscal, adscrito a la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, considera que existe un supuesto delito contra la Hacienda pública y falsedad en documento mercantil.
Además de los directivos imputados, se cita a una serie de sociedades como responsables civiles de los supuestos delitos. A través de ellas, según la querella de la fiscalía, se realizaban los pagos. Las sociedades citadas son Recoletos Grupo de Comunicación, Proyecto y Servicios Pyssa; IM11, Inversiones Cristina; Albor Asesoramiento e Inversiones y Paosar.
En todas ellas figuran como consejeros los directivos de Recoletos imputados por la Fiscalía de Madrid. Esta serie de sociedades figuran en el Registro Mercantil con un mismo objeto social: la prestación de servicios profesionales de asesoramiento en la edición y publicación de impresos unitarios, así como en la tenencia, disfrute, adquisición, etc., de valores mobiliarios.
Todas ellas fueron constituidas el mismo día, el 15 de febrero de 1992. Paosar, en la que figura como administrador Jaime Castellanos, se creó un año antes, el 22 de febrero de 1991.
El grupo Recoletos no quiso hacer ayer ningún comentario oficial a esta noticia. Fuentes de la compañía han afirmado, sin embargo, que los directivos imputados se encuentran 'tranquilos' porque demostrarán su inocencia.
Con respecto a la posibilidad de enviar un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las mismas fuentes aseguraron que 'se descarta', porque los hechos ocurrieron presuntamente en 2000, cuando Recoletos ni siquiera cotizaba en Bolsa.