El fiscal pide archivar el caso del pago a Amusátegui y Corcóstegui
El fiscal pide en su escrito, remitido ayer a la jueza Teresa Palacios, que archive las actuaciones abiertas contra el presidente del SCH, Emilio Botín; el ex copresidente del banco hasta agosto de 2001, José María Amusátegui, y el ex vicepresidente hasta febrero de 2002, Ángel Corcóstegui.
En el documento se realiza un análisis pormenorizado de las retribuciones que percibieron los dos directivos cuando abandonaron la entidad.
Según el fiscal, 'del relato de hechos no se desprende que hayan existido actos de disposición fraudulenta', ya que 'las cuentas anuales fueron aprobadas por la junta general de accionistas donde se incluían los pagos y existía la facultad para hacerlos'.
El procedimiento se inició en noviembre de 2002, cuando la jueza Teresa Palacios admitió a trámite una querella interpuesta por el abogado Francisco Franco, accionista del banco, para averiguar si Emilio Botín y José María Amusátegui cometieron un delito societario por pactar esas retribuciones.
El fiscal considera probado que Botín, en su condición de presidente del banco, y José María Amusátegui, en nombre propio, celebraron diversos contratos para regular las consecuencias del cese en activo de este último. Amusátegui recibió un bono de jubilación de 43,7 millones de euros, según el fiscal.
En el caso de Corcóstegui, que fue objeto de otra denuncia incorporada por la jueza Palacios a la misma causa, el pago por jubilación fue de 108 millones de euros, según el fiscal.
El escrito asegura que en ambos casos intervino la comisión de retribuciones, dando el visto bueno a las jubilaciones propuestas. Así pues, no puede hablarse de actividad delictiva, puesto que los accionistas sabían en todo momento lo que iban a cobrar los máximos directivos de la entidad, argumenta el fiscal.
La jueza Teresa Palacios, después de un año de diligencias, deberá decidir ahora sobre el archivo del caso.
Un largo año para los ex directivos
Con el escrito del fiscal, en el que pide el sobreseimiento libre y el archivo de la causa, tanto Corcóstegui y Amusátegui como el propio Botín pueden respirar un poco más tranquilos. La decisión de continuar con la causa o archivarla está ahora sólo en manos de la jueza Teresa Palacios.La admisión a trámite de la querella, en noviembre de 2001, sorprendió a muchos, y con ella se inició para los ex directivos del SCH un vía crucis judicial de un año que llevó a Ángel Corcóstegui a declarar como imputado ante la jueza Palacios.En su declaración, el ex vicepresidente y ex consejero delegado del banco justificó su salida de la entidad por el estrés que sufría y aseguró que el pago de su jubilación era conocida tanto por el consejo como por los accionistas.Tras una serie de declaraciones de testigos, entre los que se citó incluso al actual presidente de contenidos de Telefónica Luis Abril, la jueza encargó un informe a la Confederación Española de Auditores. El perito concluyó que los pagos fueron 'elevados pero correctos'.