Tributos

Rato cree que el precio de la vivienda se equiparará a la media europea

La tributación es un aspecto a tener muy en cuenta a la hora de comprar un inmueble. Tanto es así que los costes fiscales (sin incluir los impuestos directos) relacionados con la promoción y adquisición de una vivienda suponen en la práctica más del 15% del precio final del inmueble.

Es una de las conclusiones del estudio que acaba de elaborar el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Hasta seis tributos diferentes además de las correspondientes tasas entran en juego desde que una promotora compra un terreno destinado a vivienda hasta que ésta es adquirida por el contribuyente. El resultado final supone que para una vivienda media de 259.200 euros el comprador destina 40.491 euros (el 15,62% del total) al pago de impuestos indirectos y tasas. El promotor, por su parte, destina aún más, el 18,3%.

Estos porcentajes suponen un esfuerzo muy importante, sobre todo para el comprador, en un escenario de crecimiento exponencial de los precios de la vivienda.

El presidente del REAF, Valentín Pich, denunció ayer el incremento desmesurado del peso de algunos tributos en la fiscalidad de la vivienda como el de actos jurídicos documentados (AJD), ligado al papeleo necesario para adquirir un inmueble. Pich pidió que se limite el gravamen de los AJD, ya que 'no parece lógico que éste se llegue a devengar hasta seis veces en la compra de una misma vivienda', en el caso de que se necesite crédito hipotecario. Además, la mayoría de las comunidades autónomas, a las que se cedió el tributo, han elevado un 100% su gravamen en los últimos años, aprovechando el boom inmobiliario para hacer caja con el citado impuesto. Pich avisa de que la reforma de los actos jurídicos documentados debe efectuarse por el Gobierno central, pero en colaboración con las comunidades autónomas, competentes en la materia.

Los incentivos al alquiler son insuficientes

Otra de las críticas del REAF se refiere a los incentivos aprobados este año por el Gobierno para favorecer el arrendamiento de viviendas.

Entre ellos se contempla un régimen fiscal especial (bonificación de hasta un 97% de la cuota del impuesto de sociedades) para las empresas que se dediquen a la construcción de viviendas destinadas al alquiler. El REAF entiende que los requisitos necesarios para poder aplicar dicho régimen (deben ser promotoras especializadas, con un número mínimo de clientes y conceder a una parte de los inquilinos el derecho de opción de compra) son 'excesivamente rigurosos', lo que dificultará que nuevas empresas entren en el mercado del alquiler.

Para evitar esto, propone, por un lado, 'simplificar estos requisitos' y, por otro, permitir que las bonificaciones se extiendan a empresas no especializadas en viviendas de alquiler.

Ayer precisamente el Congreso de los Diputados aprobó, gracias al PP, una enmienda al proyecto de ley de Reforma de Medidas Económicas que elimina la doble imposición entre las empresas filiales que se dediquen al alquiler de viviendas y su matriz.