El regulador investiga un posible delito en las cuentas de Vivendi en tiempos de Messier
Un documento del regulador bursátil francés (COB), de cerca de noventa páginas, revela varias irregularidades en la comunicación financiera del grupo susceptibles de constituir un delito penal. Paralelamente, ya ha sido transmitido al Ministerio fiscal un informe de investigación sobre la información financiera de la compañía gala de 2001 y 2002, años en la que estuvo presidida por Messier.
El procedimiento del regulador, independiente al procedimiento penal remitido a la Justicia, podría acarrear sanciones económicas, precisó el portavoz. Hasta el momento no se conoce cuando acabará este procedimiento.
La investigación del regulador de la Bolsa de París, que comenzó en julio de 2002, fue remitida el pasado viernes al parqué parisino. Vivendi Universal confirmó haber recibido la "notificación de las quejas" de la Comisión bursátil, que le invitó a dar a conocer sus observaciones en un plazo de tres meses.
Cooperación de Fourtou
La compañía, presidida ahora por Jean-René Fourtou, señaló que está estudiando estas quejas y reafirmó su "voluntad de continuar cooperando plenamente en el marco de la investigación del COB".
El informe del regulador plantea interrogantes (sin aportar respuestas definitivas) respecto a eventuales delitos de información privilegiada que se han podido cometer por varios directivos del grupo francés.
Messier, su director financiero, Guillaume Hannezo, y otros directivos del grupo son sospechosos de haberse beneficiado de una información privilegiada en 2001 para la venta de sus acciones.
La operación se produjo dos semanas antes de la venta masiva por parte de Vivendi de 55 millones de acciones para cubrir sus necesidades de tesorería, lo que provocó la caída del título.
Después del estudio del documento, el Ministerio fiscal debería transmitir sus conclusiones a los jueces de instrucción René Cros y Henri Pons. Estos dos magistrados parisinos son los encargados de una información judicial abierta el 29 de octubre de 2002 por "publicación de falsos balances en los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2000 y el 31 de diciembre de 2002, y la difusión de informaciones falsas y tramposas en esos dos años".