Fenosa deja República Dominicana con fuertes pérdidas
Fenosa ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno de la República Dominicana que supone de hecho la salida de la eléctrica española de ese país, aunque el grupo se mantiene en la actividad de generación. El citado pacto contempla la transferencia de las participaciones de Fenosa del 50% en las compañías distribuidoras Edenorte y Edesur a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), que tenía hasta ahora el otro 50%, y que pasa a tener el 100%.
El acuerdo además incluye la cancelación de los créditos y obligaciones que algunas distribuidoras eléctricas tienen con Fenosa y sus filiales a 31 de agosto de este año, tema que compensa en parte la inversión neta realizada. No obstante, para el grupo español se generan unas minusvalías de 160 millones de euros, pero que no altera las previsiones de resultado neto para este ejercicio.
El pago a Fenosa de la operación, que se formalizará el próximo 30 de septiembre, se realizará a través de un desembolso en dólares equivalente a 13,3 millones de euros, así como con la creación de un fondo en favor de Distribuidora Dominicana de Electricidad, filial del grupo español. El citado fondo se forma por el usufructo generado durante 12 años por los activos de distribución que serán arrendados a Edenorte y Edesur. Y el cobro, según Fenosa, 'está garantizado por cuentas de clientes de ambas compañías que cubren permanentemente el 115% de los pagos mensuales'.
El Gobierno del país caribeño acusó a la empresa de incumplir los compromisos de suministro
En caso contrario, que medios de la empresa no consideran probable, las minusvalías serían más elevadas, y superarían los 400 millones. Pero ahora, con el acuerdo alcanzado, Fenosa mostraba ayer su satisfacción, puesto que la otra opción posible, dados los problemas surgidos en ese país caribeño, habría más onerosa.
El importe total de la operación pactada con el Gobierno dominicano se destinará en primer lugar a cancelar las deudas comerciales de las distribuidoras con las generadoras de Palamara y La Vega, ambas propiedad de Fenosa, por una cuantía de 101 millones. Además se pagarán los créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por otras entidades a Edenorte y Edesur por un total de 170 millones, que cuentan con la garantía de Fenosa, Los 100 millones restantes tendrán como destino compensar a la compañía que dirige Honorato López Isla por las inversiones realizadas.
Intervención
Con este acuerdo se pone fin a una etapa de importantes enfrentamientos entre el Gobierno dominicano y la empresa española por los problemas surgidos en la distribución de electricidad. Tras una serie muy prolongada de apagones y otros problemas de abastecimiento eléctrico, el Ejecutivo que preside Hipólito Mejía acusó a Fenosa de no cumplir con los compromisos de suministro y dejar prácticamente en la quiebra a las distribuidoras.
En ese ambiente, la República Dominicana inició los trámites precisos para la intervención de Edenor y Edesur, decisión que comunicó al BID. Una posible expropiación, en línea con esta posición de Mejía, habría sido mucho más negativa para la empresa española.
Fenosa, que ha rechazado siempre estas acusaciones, considera que ahora es un momento adecuado para abandonar la distribución en esa nación caribeña. La inversión neta del grupo a 30 de junio de este año en Edenorte y Edesur se elevaba a 168 millones y 142 millones de euros, respectivamente. La compañía ya preveía provisionar la inversión en Edenorte en este ejercicio.
La subida de tarifas se tradujo en más piratería
El deterioro de la economía de la República Dominicana, con el añadido de la quiebra de parte del sistema financiero, y la depreciación de la moneda han repercutido en los ingresos de las eléctricas presentes en ese país. En este contexto, distribuidoras, como Edenorte y Edesur, se endeudaron con las generadoras, al tiempo que no mejoraron su situación con la subida de las tarifas. Por el contrario, el incremento se tradujo en un incremento de los índices de fraude y de los impagos especialmente en el norte del país, la zona más pobre.La crisis energética, que fue acompañada de movilizaciones de la población, llevó al Gobierno dominicano a replantearse la privatización del sector eléctrico.