El Congreso impulsa la reforma de las oficinas judiciales
La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer con los votos del PP el dictamen del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), texto que, en su núcleo fundamental, no recabó el apoyo de la oposición al rechazar el PP la inclusión de la mayoría de las enmiendas del PSOE y de CiU.
La reforma, anunciada por el Ejecutivo como el nuevo motor de la justicia, supondrá modificar la oficina judicial, lo que permitirá la atención a los ciudadanos por las tardes y la plena implantación de oficinas de atención al ciudadano que informen de la duración de los procesos, así como la puesta en marcha de oficinas de ayuda a las víctimas.
Otro de los puntos centrales de la reforma es la figura del secretario judicial, cuyas funciones se potencian para que se convierta en el director de los aspectos técnico-procesales del personal integrante de la oficina judicial.
Igualmente se generaliza la doble instancia penal, con lo que no sólo se da mayor contenido a las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ, sino que también se da cumplimiento a la resolución emitida por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de julio de 2000.
Mérito y capacidad
La promoción en la carrera judicial se adapta a los principios de mérito y especialización, frente al tradicional de estricta antigüedad y se prima a aquellos jueces que permanecen más tiempo en destinos más laboriosos, recompensándoles su esfuerzo y dedicación o su fidelidad a un mismo orden jurisdiccional.
El diputado del PSOE Jordi Pedret defendió las 102 enmiendas presentadas por su grupo y anunció el voto negativo de su grupo al dictamen de la ponencia, puesto que, a su juicio, no ha existido posibilidad de acuerdo y de consenso con el PP en aquellas materias que los socialistas estiman indispensables para dar su respaldo al proyecto. Pedret sólo mostró su acuerdo con la generalización de la segunda instancia, aunque denunció que no se han habilitado medios para aplicarla.