COLUMNA

Manga ancha ante los despidos colectivos

Desde la llegada del PP al Gobierno se han aprobado todos los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) o despidos colectivos solicitados por las empresas a la Administración central. El propio Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo contabiliza 8.277 de éstos expedientes entre el 1 de enero de 1997 y finales de 2002, que afectaron a 12.762 personas. Fueron resueltos favorablemente en todos los casos aunque no existiese acuerdo con la representación legal de los trabajadores. Sin embargo, las Administraciones autonómicas denegaron 1.072 ERE durante el mismo periodo.

A la Dirección General de Trabajo acuden las empresas que disponen de centros de trabajo en varias regiones, que por regla general son las grandes empresas, mientras que en las comunidades autónomas se resuelven los casos planteados por las que sólo están ubicadas en alguna de ellas, es decir, pequeñas y medianas.

De esta diferencia en el comportamiento de las Administraciones puede extraerse una primera impresión acerca del mayor cuidado que ponen las autoridades laborales autonómicas al examinar las propuestas de ajuste de plantillas y sus posibles impactos sobre el empleo y el tejido industrial en sus correspondientes ámbitos, en contraste con la ligereza resolutiva del Ministerio de Trabajo.

Esta práctica está animando a las grandes compañías a recurrir a las regulaciones de empleo, sin detenerse en buscar otras soluciones industriales a problemas, que en no pocas ocasiones son coyunturales, además de otorgarles una fuerza adicional en las negociaciones con la parte social.

En efecto, en estos años de Gobierno popular el número de expedientes ha aumentado un 64%. Los procesos de consulta previos a la resolución administrativa cada vez más terminan sin acuerdo entre las partes y se alejan de lo que debería ser una negociación propiamente dicha.

Desde la confianza que les proporciona saber que Trabajo viene aprobando todos los expedientes que le son presentados, abordan las negociaciones con los sindicatos o los comités de empresa con mayor intransigencia.

O se aceptan los planes empresariales o los trabajadores afectados por el expediente se quedan con la indemnización mínima legal de 20 días por año trabajado y frecuentemente llevan aparejados los llamados 'planes de acompañamiento' para los que permanezcan en la empresa, que suelen comportar cambios en las condiciones de trabajo, reducciones salariales y sustitución de empleo fijo por temporal o contratación de parte de las producciones a través de empresas de trabajo temporal (ETT). Finalmente, el ajuste laboral se sufraga en gran medida con fondos públicos del Instituto Nacional de Empleo y de la Seguridad Social.

Tampoco se esmera mucho la Administración en el estudio de la documentación preceptiva que deben presentar las empresas.

Así, se han aprobado expedientes acompañados por balances de situación con datos sustancialmente distintos a los aportados por los auditores o incluso habiéndose negado a la realización de auditorías, en otros casos la contabilidad aportada no refleja la situación económica real de la empresa, y cada vez son más habituales los expedientes aprobados a empresas con beneficios considerables sin que existan razones fundadas que hagan temer por su viabilidad en el futuro.

De la manga ancha ministerial están sacando provecho también algunas multinacionales, que con sus filiales españolas están sufragando operaciones de comercio exterior del conjunto del grupo, al tiempo que despiden colectivamente y cierran instalaciones en España. Es el caso de Queserías Ibéricas, filial de Fromageries Bel Francia, que acaba de ver aprobado un expediente para 90 de sus empleados y la clausura de su fábrica de Toledo, tras haber recibido, por cierto, subvenciones el pasado año por valor de seis millones y medio de euros de diversos organismos, desde el Ministerio de Agricultura, el Feoga, el Gobierno de Navarra o el de Castilla-La Mancha. Acto seguido al visto bueno de Trabajo, ha procedido a realizar un gran número de contrataciones a través de una ETT y se ha podido constatar la saturación de trabajo en sus centros.

Más que jactarse de ser la 'locomotora europea' en la creación de empleo, el titular de Trabajo haría mejor en cuidarse de que su departamento no siga actuando como una trituradora de puestos de trabajo.