La quiebra de Mecapeña, calificada de "culpable"
La quiebra del grupo Mecapeña (Mecánica de la Peña, SA, y Mecánica de la Peña Equipos, SL), un proceso que ha desembocado en la liquidación de la compañía, el despido de más de 400 trabajadores y un rosario de acreedores institucionales, financieros y comerciales que suman en conjunto 186 millones, comienza a clarificarse. Y parece que los primeros pasos a nivel judicial arrojan sombras sobre la actuación de los accionistas vinculados a la gestión, es decir, la compañía noruega Kvaerner y Hi-Tec.
El informe de los síndicos de Mecánica de la Peña, Ignacio Barainca, José María Makua y Ángel Toña, se apoya en el artículo 889 del Código de Comercio para defender la culpabilidad de los administradores en la quiebra. El citado artículo señala textualmente que 'serán reputados en juicio quebrados culpables, salvo las excepciones que propongan para demostrar la inculpabilidad de la quiebra, los que no hubieran llevado los libros de contabilidad con todos los requisitos necesarios e indispensables que se prescriben el título III del libro primero...'.
La calificación de la sindicatura de Mecapeña será, junto con el informe del fiscal, las alegaciones que pueda efectuar el abogado de la sociedad y el estudio del comisario de la quiebra, el que sirva de base para que el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Bilbao haga público el auto sobre la calificación de la quiebra.
El informe del comisario Fernando Gómez Martín, representante del juez en el proceso concursal, es claro. En su estudio pone de manifiesto que Mecapeña no cumple los artículos 25 y 28 del Código de Comercio, ya que 'no dispone de libro de inventarios y cuentas anuales, propiamente dicho, y el libro de balances tan sólo recoge los balances trimestrales de comprobación de sumas y saldos'.
El estudio del comisario concluye en este capítulo asegurando que 'puede afirmarse que los requisitos contables precedentemente referidos no cumplen, en general, con las formalidades establecidas en el Código de Comercio'.
Fernando Gómez Martín afirma también en el informe elevado al juez, que una vez revisadas las cuentas en profundidad, 'se deduce, además, que las deudas acumuladas estaban vencidas y eran exigibles, en notable proporción, a la solicitud de suspensión de pagos (18 de mayo de 1999) y, evidentemente, con anterioridad a la declaración de quiebra (23 de enero de 2001).
El comisario manifiesta también que el sobreseimiento de los pagos se produjo a lo largo de 1998 y que ya para entonces, una vez comparados los ejercicios de 1997 y 1998, se apreciaba la 'existencia de una quiebra de hecho o estado de quiebra', dado el incumplimiento de los pagos a los acreedores y la incapacidad para atender a sus compromisos.
Accionistas con amplia experiencia en suspensiones de pagos
Descenso constante de su activo, fondo de maniobra negativo y reiteradas y cuantiosas pérdidas, que situaban ya en 1998 a la empresa en riesgo de disolución, en virtud del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas, es el dibujo realizado por el comisario de la quiebra de Mecapeña, una sociedad cuyo balance no se sostenía casi dos años antes de presentar, primero suspensión de pagos y después, solicitud de quiebra.La actuación de los administradores de la compañía, en este caso de su máximo órgano de gobierno, a pesar de que alguno de sus consejeros se opuso documentalmente hace casi tres años a la gestión realizada por la noruega Kvaerner y el consulting vasco Hi-Tec, no tiene, en principio, responsabilidad penal si finalmente el juez califica de culpable la quiebra de Mecapeña. Sin embargo, los acreedores pueden solicitar la apertura de una pieza por esta vía.Fuentes consultadas aseguran que el abogado de Mecapeña, Mario Fernández, ex alto cargo del BBVA y ahora integrado en el despacho de Uría y Menéndez, presentará un pliego de alegaciones cuyo principal argumento se basará en que la empresa vasca de bienes de equipo realizó una contabilidad real y tiene como objetivo convencer al juez de que la quiebra fue 'fortuita' y no 'culpable'.La trayectoria de los accionistas de Mecapeña no ha sido muy brillante estos últimos años. La multinacional noruega Kvaerner, que a punto estuvo de hacerse con el control de Babcock Wilcox, otra sociedad vasca de bienes de equipo y actualmente en una fase de búsqueda de nuevos accionistas, entró hace tres años en una multimillonaria suspensión de pagos a nivel internacional. La historia de Hi-Tec, por su parte, está jalonada de varios fracasos empresariales y de quiebras como la de Corporación Ucem, que afectó a un buen número de accionistas.