Justicia

Polémica entre los fiscales por el plan del Gobierno para Anticorrupción

El ministro de Justicia, José María Michavila, no ha esperado ni un mes a que las aguas se calmen entre los fiscales, y ha vuelto a generar una agria polémica al proponer que la Fiscalía Anticorrupción pase a ocuparse también de casos de delincuencia común, como el pirateo de CD y el robo de coches de lujo.

Michavila volvió a cargar ayer la caja de los truenos al hacer público su plan para la Fiscalía Anticorrupción, para el que cuenta, según fuentes cercanas a Justicia, con el total respaldo de Jesús Cardenal, fiscal general del Estado.

Según anunció el ministro, esta fiscalía especial, que nació en 1995 para ocuparse exclusivamente de casos de corrupción política y económica, ampliará sus competencias e investigará también casos de crimen organizado.

Según explicó ayer Michavila, 'queríamos crear una unidad especializada en la lucha contra las mafias. La Fiscalía Anticorrupción es el ámbito que reúne las mejores condiciones para hacerlo por su estructura, su personal, sus medios y por su capacidad operativa'.

El anuncio se produce sólo tres semanas después de que Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe Anticorrupción desde la creación de este órgano especial, fuera destituido de su cargo. En su lugar ha sido nombrado Antonio Salinas, quien fue el fiscal encargado del caso Filesa y, más recientemente, se opuso a la declaración del ministro Piqué como imputado por el llamado caso Ercros.

Las asociaciones de fiscales valoraron ayer la noticia de la ampliación de competencias para Anticorrupción de muy diversa manera. 'Es evidente que no se quiere que la Fiscalía Anticorrupción funcione para perseguir los delitos por los que se creó', afirmó Antonio Camacho, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). 'Este anuncio supone suprimir las competencias inicialmente atribuidas, como la investigación de corrupción política y de grandes grupos económicos'.

Camacho recordó las declaraciones del fiscal general del Estado, el pasado mes de julio, favorables a la supresión de la Fiscalía Anticorrupción, 'puesto que todos los fiscales están capacitados para desarrollar todas las actuaciones', según argumentó en aquella fecha Cardenal. Según la UPF, ahora se pretende diluir las competencias de la fiscalía especial y volcarse en temas ajenos a los de corrupción política. 'El último ejemplo es la prohibición para investigar la trama de la Asamblea de Madrid', aseguró Camacho.

Por su parte, la conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria entre la carrera, consideró 'positivo' el anuncio de Michavila, 'si bien hay que esperar a tener más información', según afirmó ayer su portavoz, Fernando Sobrón. En todo caso, Sobrón demandó más medios para Anticorrupción si finalmente se da luz verde a la propuesta de ampliación de sus competencias.

Según fuentes de Justicia, el nuevo jefe Anticorrupción se ha puesto ya a elaborar un informe que estará listo en septiembre. Michavila, que ha señalado varias veces, al igual que otros dirigentes del PP, que la corrupción política ha dejado de interesar a los españoles, considera que la lucha contra este tipo de delitos es 'lo que más necesita nuestra democracia en este momento'.

¿Será necesario volver a cambiar el Estatuto?

La última reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que entró en vigor el pasado 26 de junio, generó una dura polémica. La nueva norma limita a cinco años el mandato de los fiscales jefes y, aunque todos ellos pueden pedir la renovación de sus cargos, corresponde al fiscal general del Estado decidir su continuación.

Muchas voces consideraron que el estatuto se había reformado para iniciar una 'operación de caza y captura' contra los fiscales incómodos para el Gobierno. Ahora, la ampliación de competencias en Anticorrupción es interpretada como una vuelta de tuerca más para controlar un órgano demasiado independiente del poder político.

La Fiscalía Anticorrupción, donde trabajan 71 personas entre fiscales, colaboradores y policías, se creó expresamente para perseguir casos de corrupción política y económica. Si, como pretende el Gobierno, ahora debe investigar también delitos comunes, se hará necesario, según varios expertos, otra reforma del estatuto para que todo quede atado y bien atado.