Brasil

Lula recibe el apoyo del mercado y el rechazo del sector público

El Gobierno de Lula está dando la imagen de que Brasil es reformable, que no está bloqueada, como en los últimos años', afirma Cyrus de la Rubia, economista de Dresdner Bank. El primer movimiento con más trascendencia ya ha tenido sus resultados.

El jueves pasado, cuando una votación en el Congreso dio por asegurada la aprobación de la reforma del sistema de pensiones para los funcionarios, el principal índice de la Bolsa brasileña, el Bovespa, ganó un 3,42%, su segunda mayor subida en el año. El real, con una tendencia a la baja, se apreció un 2,2% frente al dólar, hasta cambiarse a 2,984 unidades. El riesgo país cayó a 837 puntos.

'Es una reforma bastante agresiva, más que la propuesta por el anterior Gobierno. La encontramos muy positiva', apunta Rafael de la Fuente, analista de BNP Paribas. El antecesor de Lula, Fernando Henrique Cardoso, ya intentó reformar el sistema, pero no consiguió el respaldo del Congreso. La semana pasada, el partido socialdemócrata PSDB y el derechista Frente Liberal apoyaron la propuesta del líder del Partido de los Trabajadores, que tuvo que aceptar algunas modificaciones que suavizaron su propuesta.

El sistema público de pensiones ha sido un lastre para los presupuestos públicos en los últimos años. En 2002 le costó 56.000 millones de reales (16.450 millones de euros) a las arcas públicas, el 4,3% del PIB.

La reforma propuesta, que aún debe pasar una última votación en la Cámara de los Diputados y ser aprobada por el Senado, pone techo a las pensiones más altas del funcionariado, impone un impuesto del 11% a las superiores a 1.440 reales (490 euros) mensuales y aumenta la edad mínima para jubilarse.

Como era de esperar, la reforma ha levantado ampollas entre los trabajadores del sector público, y los federales se han declarado en huelga. La semana pasada, 50.000 funcionarios se manifestaron en las sedes de los tres poderes e intentaron en vano entrar en el Congreso mientras se debatía el proyecto.

El líder de la Confederación Nacional de las Entidades de los Trabajadores Públicos, José Domínguez Godoy, ya ha declarado que las movilizaciones continuarán en las próximas semanas.

Sin embargo, 'el resto de la sociedad apoya la reforma, porque los funcionarios son unos superprivilegiados', señala Francisco Corrales, consejero económico y comercial del consulado español en Brasil.

Sus pensiones 'son demasiado elevadas para un país sin capacidad de pago', apunta De la Fuente. Los inversores ven con buenos ojos un recorte del gasto estatal en un país que soporta una deuda pública del 55% del PIB.

No obstante, el mercado en Brasil es muy volátil y aunque Lula ha conseguido disipar las incertidumbres iniciales, cualquier tropiezo provocaría de nuevo desconfianza entre los inversores.

Argentina. El país vecino busca el apoyo de EE UU ante el FMI

Mientras Brasil despierta el optimismo de los mercados, su compañero de Mercosur, Argentina, está buscando apoyos políticos para negociar con el FMI. El próximo 31 de agosto expira el pacto de transición acordado y será necesario un nuevo acuerdo de tres años. Con este propósito, el ministro argentino Roberto Lavgna se reunió este fin de semana en Washington con el presidente de la FED, Alan Greenspan, y el secretario del Tesoro, John Snow. Argentina busca refinanciar deudas por valor de 6.500 millones de dólares.

Políticas. La prioridad económica frente a la social

Desde su llegada al poder Lula se centró en calmar a los inversores. 'Ha sorprendido mucho que el Gobierno de Lula se haya enfocado en estabilizar la economía, en hacer un presupuesto sólido', sostiene Cyrus de la Rubia, analista de BNP Paribas. A cambio, al líder de la izquierda brasileña se le critica haber descuidado la política social. Miles de personas del movimiento de los sin tierra tomaron por 20 días una fábrica de Volkswagen en las afueras de São Paulo para exigir la distribución de tierras para los más pobres.

Reforma. Los privilegios de los funcionarios tocan techo

El primer gran proyecto económico de Lula ha atacado a una de las clases más privilegiadas de Brasil: los funcionarios, en general, y los jueces, en particular. Sus sueldos se sitúan muy por encima de la media de los trabajadores y disfrutan de otras ventajas. A partir de ahora, el tope de su jubilación estará en 2.400 reales (816 euros). Además, se aplicará un impuesto del 11% a las pensiones de más de 1.400 reales y se aumenta la edad mínima de jubilación: de 48 a 55 años para las mujeres y de 53 a 60 para los hombres.