Kutxa aprueba adaptarse a la Ley de Cajas vasca
De los 100 miembros que componen la asamblea general de Kutxa, 74 se presentaron ayer a las seis y media de la tarde de un 8 de agosto para analizar la modificación de los estatutos de la entidad, el paso necesario para su adaptación a la nueva Ley de Cajas vasca. A la segunda asamblea, tras el rechazo al cambio registrado en la celebrada el pasado 24 de mayo, Kutxa consiguió la adaptación con 61 votos favorables, 7 en contra y 6 abstenciones, un cómputo suficiente, puesto que era necesaria la aprobación de las dos terceras partes de los consejeros presentes.
BBK y Caja Vital ya habían conseguido el respaldo de sus respectivas asambleas y sólo quedaba la adaptación a la ley de la entidad que preside desde hace más de una década Fernando Spagnolo. Las tres cajas vascas ya están dentro de la ley, pero PP y PSOE la recurrieron el pasado 31 de julio ante el Tribunal Constitucional. Kutxa tuvo que adelantar a ayer la segunda asamblea ordinaria del año, que estaba prevista para octubre, para cumplir con el plazo de adaptación del Gobierno vasco, que termina precisamente hoy.
La polvareda levantada por la Ley de Cajas de Ahorros de la comunidad autónoma de Euskadi, aprobada por el Parlamento de Vitoria en mayo pasado, se debe a las limitaciones que impone a la gestión de las entidades, según fuentes del sector financiero. La nueva normativa limita la presencia en los órganos de gobierno de las cajas a los impositores que representan a los clientes de fuera de Euskadi. Además, BBK, Kutxa y Vital, según la nueva normativa, deberán tener la autorización del gabinete del lendakari Juan José Ibarretxe para la compra de participaciones en otras cajas y para la adquisición de acciones de empresas no financieras. También deberán comunicar el cierre o apertura de oficinas, y los mismos quedan condicionados al visto bueno de Lakua.
Asimismo, los presupuestos para la obra social, la distribución de beneficios y las cuentas del ejercicio tendrán que ser remitidos al Departamento de Hacienda del Gobierno vasco un mes antes de la celebración de la correspondiente asamblea en la que se aprueban esas partidas. Las medidas también incluyen la limitación a 12 años de los mandatos de los integrantes de las asambleas generales.