El PP impide que el concejal de Vivienda de Madrid sea investigado
El responsable de política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herráez, no acudirá a la comisión que investiga el caso Tamayo en la Asamblea regional por deseo expreso del Partido Popular. Esta formación rechazó ayer la solicitud del PSOE e IU para que Herráez explique las circunstancias en que una empresa suya compró terrenos en Móstoles a la empresa Euroholding, propiedad de los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez. El primero se entrevistó con el secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, el 10 de junio, fecha en que se fraguó la deserción del diputado Eduardo Tamayo.
Según publicó ayer El País, la empresa del concejal Herráez y otra sociedad de su mujer adquirieron en mayo a los citados constructores el 34% de una finca de 150.000 metros cuadrados por un precio próximo a tres millones de euros. PSOE e IU pidieron ayer sin éxito la dimisión del concejal y la intervención del fiscal Anticorrupción.
Son ya varios los concejales del Ayuntamiento de Madrid que se han visto de una u otra forma salpicados por el caso Tamayo. Se trata del propio Herráez, del vicealcalde Manuel Cobo y la concejala Paloma García Romero. Ninguno de ellos comparecerá en la comisión de investigación por expresa negativa del PP.
Ayer le tocó el turno de comparecencias a la dirigente socialista madrileña Ruth Porta, quien negó que durante la pasada campaña electoral se produjera un pacto dentro de la FSM para ceder el 40% de los puestos a la corriente Renovadores por la Base, en la que militaban los dos diputados tránsfugas.
Safari de Verdes en Kenia
La anécdota de la jornada la protagonizó ayer el abogado del PP José Esteban Verdes, recién casado con la concejala popular García Romero, quien pidió por escrito al presidente de la comisión de investigación no ser citado entre los días 3 y 18 de agosto por haber 'programado y reservado' ya sus vacaciones.
Según fuentes de la Mesa de la comisión citadas por Efe, Verdes tiene programado un safari por Kenia, por valor de unos 90.000 euros, por lo que, en caso de tener que anularlo para comparecer en la comisión, podría pedir que la Cámara madrileña le abonara los gastos derivados de su cancelación o que le pagara el transporte entre Kenia y Madrid para acudir desde allí a comparecer.