El presidente de EDF seguirá al frente del grupo pese a las críticas contra su gestión
François Roussely, presidente de æpermil;lectricité de France (EDF), fuertemente criticado por su gestión al frente de la eléctrica pública, permanecerá en el cargo por lo menos hasta julio de 2004, cuando expira su mandato. Pese al fuerte viento en contra que ha soplado con la comisión parlamentaria creada para investigar la gestión de empresas públicas, que había visto en la de Roussely movimientos demasiado arriesgados (por la adquisición del 20% de Montedison en Italia o el control de Edenor en Argentina), el primer ministro galo, Jean-Pierre Raffarin, parece haber optado por la calma tras las continuadas agitaciones sociales que ha protagonizado el país. Roussely será de este modo el responsable, según el diario Le Monde, de llevar a buen término la negociación social para el cambio de estatus de la compañía, que el Estado debería llevar a cabo próximamente.
No obstante, la complicada tarea de llevar a la eléctrica al sector privado tomará más tiempo del previsto. La inevitable pugna entre Gobierno y sindicatos sobre su futuro y el de sus empleados ha llevado a Raffarin a aplazar el debate 'hasta finales de año', y no al mes de agosto, como en un primer momento había temido la CGT, sindicato mayoritario de EDF.
En su intervención sobre las tareas gubernamentales del nuevo curso político, a partir de septiembre, el primer ministro galo auguró una 'negociación social importante', razón por la cual, ha asegurado, 'he pedido que se espere hasta que la situación social en la empresa se haya estabilizado'. Dicho sosiego pasa por el congreso sindical 'importante', según Raffarin, de la CGT en el mes de octubre, y por las elecciones profesionales de la compañía en el mes de noviembre.
Por su parte, y adelantándose a los más que probables acontecimientos, unos 500 empleados de la compañía eléctrica depositaron la semana pasada 'las primeras 100.000 peticiones' en la sede del Gobierno contra la privatización de EDF y de la gasística GDF, exigiendo, además, un referéndum sobre el futuro de ambas.