Subida salarial del 3,09% para cinco millones de trabajadores
El incremento salarial medio pactado en los 2.962 convenios colectivos registrados en los seis primeros meses de 2003 fue del 3,09%, casi cuatro décimas superior a la inflación interanual experimentada en junio (2,7%), según datos de UGT. Estos convenios, en su gran mayoría revisados, afectan a un total de 5.044.345 trabajadores y contemplan una jornada laboral media de 1.761,66 horas anuales.
Asimismo, más del 78% de los trabajadores con convenio (3.954.416) cuenta con cláusula de revisión salarial, que corregirá la desviación de la inflación si ésta supera, en términos medios, el 2,48%. Tal como está hoy la inflación internaual, la subida salarial media pactada supondría una pequeña ganancia del poder adquisitivo de los salarios, y solamente unas décimas de sobrecoste para las empresas.
Desde el ámbito funcional, sigue existiendo un importante diferencial entre las subidas en los convenios de empresa y en los sectoriales (2,57% y 3,16%), aunque los primeros afectan a sólo 643.145 trabajadores, frente a 4.401.200 de los segundos. El número de convenios nuevos firmados en el primer semestre asciende a 341, con un incremento salarial medio del 3,11% que afecta a 446.237 trabajadores, de los que el 77,3% tiene cláusula de revisión. Los convenios revisados son 2.621, con una subida salarial media del 3,09% y 4.598.108 empleados afectados, de los que el 78,5% cuenta con cláusula.
Cláusulas y productividad
UGT ve 'imprescindible' que a todos los trabajadores pendientes de negociación colectiva se les extiendan las llamadas 'cláusulas de garantía salarial' porque les permite 'mantener' su poder adquisitivo y 'evitar los efectos negativos' que puedan derivarse del 'descontrol de precios'.
Estas declaraciones del sindicato se producen después de que el secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, insistiera el viernes en su rechazo a las cláusulas de revisión salarial ligadas a los sueldos en vez de a la productividad y la rentabilidad de las empresas porque, según el Gobierno, puede afectar a la competitividad y al empleo.