Los sindicatos de funcionarios piden un fondo de pensiones redistributivo
La mesa de la función pública reunida ayer en el Ministerio de Administraciones Públicas sirvió para dar el pistoletazo de salida a la negociación de los planes de pensión complementarios a la Seguridad Social para los cerca de 2,5 millones de empleados públicos repartidos entre las diferentes Administraciones.
Sindicatos y Gobierno central acordaron una nueva reunión en la primera quincena de septiembre para empezar a negociar. Antes, a mediados de agosto, el Ejecutivo les remitirá el borrador de reglamento sobre el que comenzar a dialogar.
De momento, sobre la mesa se encuentra el acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre por el que el Ejecutivo se comprometía a crear, a lo largo de 2004, un fondo de pensiones complementario para empleados públicos. La dotación inicial también está acordada. Son 24,6 millones de euros, detraídos de la masa salarial de los trabajadores (0,5 puntos del incremento salarial pactado), a lo que habrá que sumar otra cantidad similar para incluir en el mismo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tanto CC OO como UGT se han mostrado favorables a que los planes de pensiones se reglamenten con la 'máxima transparencia' posible. 'Pediremos que tengan carácter redistributivo o de reparto frente a los capitativos', indicó María José Alende, secretaria general de la Federación de Sanidad de CC OO, tras la salida de la reunión.
Aportaciones definidas
Los fondos de reparto permiten que las personas de menores ingresos se jubilen con una renta proporcionalmente mayor a su salario de cotización, a partir de transferencias de los de mayores ingresos. El sistema capitativo, por contra, reparte la pensión complementaria de forma proporcional a lo aportado.
De momento, el Gobierno calla, a la espera de próximas reuniones. El secretario de Estado para la Administración Pública, Julio Gómez-Pomar, indicó ayer que todo está por negociar. La intención inicial del Gobierno pasa por que los planes de empleo tengan aportaciones definidas, y los empleados públicos puedan llevarse consigo los derechos consolidados del plan al que se hallen adscritos en caso de traslado a otra Administración pública. En un principio los planes de pensión afectan sólo al personal del Estado, pero el ministro Javier Arenas quiere que sean extensibles a comunidades autónomas y ayuntamientos. Una tarta formada por cerca de 2,5 millones de empleados públicos, entre funcionarios, personal laboral y estatutario.
Algunas comunidades como Aragón ya cuentan con planes de pensiones para sus funcionarios. Los sindicatos respetan estos planes ya suscritos, pero quieren que los nuevos que se creen, a partir del fondo de 24,6 millones, dispongan de una normativa 'lo más armonizada posible', que sirva tanto para el Estado como para las comunidades y ayuntamientos que se quieran suscribir a ellos.
Por otro lado, la mesa de la función pública ratificó ayer el acuerdo salarial pactado en noviembre, que contempla para 2004 un incremento lineal del 2% (IPC previsto), al que se añadirán 0,72 puntos por pagas extras y otros 0,5 puntos vía salario diferido para el fondo de pensiones en cuestión. La subida salarial será recogida en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.