Justicia destinará cinco millones para instruir a los jueces en economía
La jueza del caso Gescartera solicitó el verano pasado al Banco de España que le enviara 10 peritos para que se incorporaran a la investigación del mayor fraude bursátil de la historia española. El organismo sólo pudo proporcionarle cinco inspectores, que dejaron sus trabajos en el banco y estuvieron varios meses colaborando en la investigación de la agencia de valores.
No sólo los jueces de la Audiencia Nacional recurren a expertos de otros organismos públicos para que ayuden en la instrucción. Esta práctica se sigue en los miles de juzgados de toda España. Y en la mayoría de las ocasiones provoca malestar entre los afectados, quienes demandan mayor formación por parte de los jueces.
'A veces nos requieren para cosas absurdas, como el peritaje de un billete de avión, o para algo tan básico como la interpretación de un balance', explica un inspector de Tributos que ha colaborado varias veces con la justicia. 'Nosotros somos profesionales en nuestra materia, pero no somos investigadores'.
Convenios
Pese a que la formación de los jueces es un problema que lleva muchos años debatiéndose, no ha sido hasta ahora cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado plena conciencia de esta carencia. Para intentar paliarla, el Ministerio de Justicia tiene previsto destinar en 2004 unos cinco millones de euros.
El plan de formación económica, dirigido a los más de 4.500 jueces españoles, se organizará a través de cursos especializados en varias materias: finanzas, contabilidad, auditoría, derecho tributario, etcétera.
A través de convenios con diferentes colegios profesionales y asociaciones, los jueces podrán perfeccionarse en cuestiones que hasta ahora la mayoría no domina.
'En un grupo muy reducido de jueces y magistrados de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo se concentran los mayores casos económicos del país', asegura Javier Laorden, vocal del Consejo General del Poder Judicial. 'Se busca que estos jueces sean excelentes'.
Tal y como afirma Laorden, existen ciertos sectores de la judicatura con alta responsabilidad en el tejido económico español. La mayoría de las actas de Hacienda, por ejemplo, están concentradas en forma de recursos en seis personas en la Audiencia Nacional. Para las arcas del Estado, lo que decidan esos jueces supone más de un billón de pesetas.
A todo eso se suma el aumento de los delitos económicos y contra el patrimonio producido en los últimos años, delitos que hoy suponen más del 50% del total de detenciones.
El incremento, que el año pasado fue del 10%, según la memoria del CGPJ, viene producido en buena medida por el surgimiento de nuevos tipos delictivos provocados por las nuevas tecnologías.
Reforzamiento. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial
Los nuevos delitos han traído consigo nuevos requerimientos. Muchos jueces no están aún familiarizados con las nuevas tecnologías, por ejemplo, y las sofisticadas formas que éstas brindan a los delincuentes para violar las leyes.Uno de los delitos que precisa más especialización por parte de los miembros de la carrera judicial son los delitos contra la propiedad industrial e intelectual. El CGPJ se propone reforzar el conocimiento de este tipo aumentando los cursos en relación con este delito.Otras materias que el Poder Judicial tiene interés en reforzar son la competencia desleal y defensa de la competencia, la delincuencia informática, las tarjetas bancarias con relación al derecho penal y temas de derecho societario.
Participación. Más de 2.000 alumnos en cursos anteriores
Hasta ahora, los jueces han recurrido mucho a la autoformación. Cada uno de ellos, según el caso que estén instruyendo, busca ayuda como puede, recurriendo a otros organismos o formándose ellos mismos.Desde que se pusieron en marcha los cursos, sin embargo, son muchos los jueces y magistrados que se han apuntado. En el plan estatal de formación del año pasado se ofrecieron 69 cursos dirigidos a la totalidad de los miembros de la carrera judicial sin distinción de orden jurisdiccional. En total, se apuntaron más de 2.000 jueces y magistrados, lo que supone el 50% de los miembros de la carrera.La inmensa mayoría solicitó participar presencialmente en los cursos y el 30% los hizo a distancia.
Ley Concursal. Expertos en los nuevos juzgados mercantiles
Con la entrada en vigor de la Ley Concursal, en septiembre de 2004, se crearán juzgados de lo mercantil que deberán ser ocupados por jueces especializados en esas materias.La formación de estos jueces también correrá a cargo del CGPJ, que ya ha firmado convenios con varios organismos para que sean ellos los que formen a los jueces en esas materias. Por ejemplo, el acuerdo con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) se firmó el pasado 4 de julio.En los nuevos juzgados mercantiles, un solo juez deberá resolver todas las cuestiones relacionadas con la quiebra y suspensión de una empresa, por ejemplo, y para ello deberá ser un experto en esos temas.