El PSOE exige la rebaja de cotizaciones y la libre elección del periodo de cálculo
El pulso que libran el Gobierno y el PSOE sobre la reforma de las pensiones en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo finalizará muy probablemente en septiembre con un acuerdo al que se sumarán también CiU y Coalición Canaria y del que se excluirán, a sólo seis meses de las elecciones generales, los asuntos más polémicos que pueden acarrear mayor coste político. Esta es, al menos, la impresión que domina en la dirección del primer partido de la oposición, que acaba de negociar con UGT un documento que será trasladado a Comisiones Obreras en el que se recogen los ejes principales a defender en las conversaciones con el Gobierno.
Uno de ellos es el rechazo a que se tome como referencia toda la vida laboral para establecer la cuantía de la pensión. La propuesta del PSOE parte de que el cálculo de la prestación de jubilación se realice a partir del periodo de 15 años de vida laboral que elija el trabajador.
A falta del informe definitivo de Trabajo sobre el impacto de la ampliación del periodo de cálculo de ocho a quince años para fijar las pensiones, pactada en 1997, el PSOE ha trabajado con las proyecciones del propio ministerio, que barajan una rebaja media de estas prestaciones del 3% como consecuencia de esta medida.
A partir de la ampliación del periodo de cálculo para establecer la base reguladora de la pensión, las previsiones de Trabajo se resumen en que un 10% de los nuevos pensionistas se beneficiarán de un aumento del importe de la base reguladora de, al menos, 167 euros, otro 10% saldrá perjudicado con una disminución de 190 euros, mientras que el 60% de los afectados tendrá variaciones situadas entre 52 euros y menos 54.
Pese a la oposición de UGT, el PSOE mantiene la exigencia de reducir en un punto la cotización a la Seguridad Social de los asalariados con contrato estable, del que 0,7 correspondería a la cuota empresarial y 0,3 a la del trabajador. La financiación de esta medida correría a cargo del superávit de la Seguridad Social.
El PSOE considera también imprescindible acelerar el proceso por el que la aportación del Estado atienda la financiación de los complementos para mínimos de las pensiones, con el objetivo de que en cinco años quede cubierta totalmente por los Presupuestos.
En el documento negociado con UGT, los socialistas proponen incentivar el aumento de la edad de jubilación de forma voluntaria y restringir el recurso por parte de las empresas a la jubilación anticipada con cargo a la financiación de la Seguridad Social.
Clarificación de las fuentes de financiación
El apoyo a la reforma del Pacto de Toledo es condicionado también por el PSOE a la clarificación de las fuentes de financiación del sistema de pensiones, con el fin de que el Gobierno deje de utilizar el superávit de la Seguridad Social como elemento compensador del déficit presupuestario de las cuentas del Estado.El PSOE defiende, asimismo, que el fondo de reserva de la Seguridad Social sirva para cubrir un desfase financiero coyuntural y no para crear un fondo de capitalización que limite las posibilidades de reducir los costes laborales e impida la creación de empleo estable.Por último, los socialistas ponen sobre la mesa la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de las pensiones más bajas.