Astel asegura que el bajo nivel de competencia exige el control de precios
La patronal de las nuevas telefónicas, Astel, ha mediado en el debate que se ha abierto sobre la conveniencia o no de liberalizar los precios de Telefónica en telefonía fija. La vigencia del actual sistema de control de tarifas, el price cap, termina el 31 de diciembre y el Gobierno ya ha comenzado a trabajar en su revisión.
Y Astel no quiere quedarse al margen, sobre todo porque las noticias y declaraciones que surgen de los contactos entre Telefónica y el Ministerio de Ciencia y Tecnología apuntan al levantamiento de los controles, por lo menos en parte, tanto del price cap como de la supervisión que se hace de los descuentos y tarifas finales de Telefónica.
Según fuentes cercanas a los contactos, el Gobierno está dispuesto a liberalizar completamente el mercado de empresas y a permitir que Telefónica venda servicios empaquetados. Astel ha salido al paso de estas intenciones y asegura que el escaso nivel de competencia que hay en telefonía fija no justifica la liberalización. Si se hiciera, 'Telefónica echaría del mercado a las nuevas operadoras'. Las palabras son de Eva Pérez, presidenta de Astel, que pide al Gobierno que no tome ninguna decisión hasta que el regulador del sector, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), haga el análisis de competencia sobre 18 mercados que requiere la Unión Europea y que la legislación española ha recogido en la nueva Ley General de Telecomunicaciones.
El problema es que el price cap expira en diciembre y la ley no se aprobará hasta otoño, así que no dará tiempo a que el análisis esté hecho. Por ello, Astel pide que se aplique un régimen transitorio, conservando el control de precios, hasta que la CMT haga públicas sus conclusiones.
La patronal está convencida de que el estudio del regulador va a respaldar sus tesis de que no existe todavía competencia suficiente y teme que el Gobierno tome ahora una decisión que luego no tenga marcha atrás. La presidenta de Astel recuerda que todos los países europeos tienen algún tipo de control de precios y que esta práctica está amparada por la legislación comunitaria.
Con todo, Eva Pérez reconoce que la presión a la baja de los precios marcada sobre el Gobierno ha sido excesiva y está a favor de un relajamiento que deje respirar a los márgenes.