El Gobierno reconoce lagunas jurídicas en las incompatibilidades de altos cargos
El discurso oficial del Gobierno en el que se opone a endurecer las incompatibilidades de altos cargos contrasta con el informe elaborado desde el Ministerio de Administraciones Públicas a partir de las iniciativas parlamentarias surgidas para mejorar la ley que data de 1995. En dicho documento se revelan algunas 'lagunas jurídicas' y se propone ampliar el ámbito de aplicación de la norma a los miembros de los organismos reguladores, entre ellos la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de la Energía, además de a titulares de puestos de segundo nivel incluidos, los subdirectores generales y asimilados que no merecen la condición de altos cargos.
Los autores del informe defienden que la ley regule de forma más nítida la administración del patrimonio personal y familiar del alto cargo de forma que queden claros los límites dentro de los cuales debe ejercerse esa administración sin que su ejercicio plantee colisión de intereses en relación con el puesto público.
El deber de inhibición tendría que ser planteado 'desde una perspectiva más realista', se lee en el informe de Administraciones Públicas, de forma que se evite que el alto cargo pueda decidir sobre empresas o actividades a las que haya estado recientemente vinculado él o su familia. En este sentido, se sugiere que el alcance de esta obligación se refiera a las empresas en las que hubiera participado el alto cargo durante los dos años anteriores a su toma de posesión.
Para mejorar el control del régimen de incompatibilidades de altos cargos, en el documento se propone que éstos queden obligados a presentar su declaración de bienes y derechos patrimoniales. Ya lo están en el caso de la declaración del IRPF y del impuesto sobre patrimonio. El objetivo es completar la información patrimonial del alto cargo desde el cierre del ejercicio fiscal y la fecha de toma de posesión o de cese.
En el reciente debate del estado de la nación el Gobierno rechazó la resolución presentada por el Grupo Socialista para endurecer el actual régimen de incompatibilidades de altos cargos. El inspirador de dicha resolución fue el portavoz socialista de Administraciones Públicas, Ángel Martínez Sanjuán, y en ella se aborda una amplia reforma de la ley de 1995 que los socialistas trasladarán en sus líneas generales al futuro programa electoral.
Agencia de æpermil;tica Pública
Una de las propuestas más relevantes de la citada resolución es la creación de una Agencia de la æpermil;tica Pública, encargada de la gestión y el control del régimen de incompatibilidades de altos cargos que goce de autonomía funcional y que no esté sujeta a la dependencia o a la relación de jerarquía administrativa.
En la actualidad, el dictamen de los expedientes en los que se declara o no compatible una determinada actividad es responsabilidad de la Dirección General de Inspección y Calidad del Ministerio de Administraciones Públicas, un árbitro dependiente del Ejecutivo.
La norma vigente establece que durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo. En opinión del portavoz de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, dicha condición no cierra la puerta para que Gloria Hernández, hasta el pasado viernes directora general del Tesoro, fiche como directora financiera del Banco Pastor, ni a que la ex directora general de Seguros Pilar González de Frutos presida la patronal Unespa. 'Otra cosa', alega Martínez Pujalte, 'es que fuera a presidir Caser o cualquier otra empresa del sector'.
Pilar González. De la Dirección de Seguros a la patronal Unespa
Pilar González de Frutos dejó la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, en noviembre de 2002. Siete meses después, el pasado junio, se incorporó a la presidencia de la patronal del sector, Unespa, con todos los requisitos legales en regla. Desde la dirección general se desarrollaron los reglamentos de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y de la Ley Básica del Seguro del Automóvil. La Ley del Seguro privado se encuentra en trámite parlamentario.
Gloria Hernández. De la Dirección del Tesoro al Banco Pastor
La apuesta por el sector privado la inauguró recientemente dentro de la Dirección General del Tesoro el hasta hace poco responsable de Legislación y Política Financiera José María Méndez, desde junio en la CECA. Ahora ha sido la titular de la Dirección General, Gloria Hernández, la que ha fichado como directora financiera del Banco Pastor. El dictamen corresponde hacerlo al Ministerio de Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que Hernández era también consejera del Banco de España y de la CNMV.