La Ley Tributaria dará a Hacienda más poder para captar datos de contribuyentes
El director de Inspección Financiera, Carlos Lamoca, afirmó ayer que la nueva Ley General Tributaria dará más facultades a Hacienda para obtener datos del contribuyente. Lamoca aclaró que se podrán pedir datos a los ciudadanos incluso sin tener abierto un procedimiento de comprobación.
Durante un seminario en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el director de Inspección Financiera expuso como una novedad muy importante de esta norma 'las funciones de obtención de información por captación'. No obstante, aclaró que en estos casos 'no se podrá comprobar nada, sólo se podrán pedir datos', lo que, sin embargo, supone de por sí un gran avance en la actividad de control respecto a la normativa actual, añadió.
Por su parte, Carlos Cervantes, subdirector general de Tributos, afirmó en el mismo seminario que la nueva figura que sustituirá al fraude de ley, el llamado conflicto en la aplicación de la norma, amplía su ámbito de aplicación para cubrir casos como las minoraciones artificiosas de cuotas o los diferimientos del pago de impuestos.
Por otro lado, el pleno del Congreso rechazó ayer las tres enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de Ley General Tributaria por los grupos parlamentarios del PSOE, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya-Els Verds. Según afirmó ayer Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, 'esta norma permitirá una mejor lucha contra el fraude fiscal'.
La Ley General Tributaria es un texto que regula las relaciones de los contribuyentes con la Administración fiscal. La norma actual es de 1963, aunque ya en 1995 sufrió una gran reforma. Hasta el 2 de septiembre todos los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas parciales. Para muchos expertos en tributación, así como para el defensor del contribuyente, José Juan Ferreiro, sería deseable que algún grupo propusiera introducir el arbitraje en materia tributaria. Este tema, barajado en la redacción incipiente del anteproyecto de ley, fue finalmente rechazado por el Gobierno.