La regulación de empleo le costará 4.500 millones a Telefónica

La cifra que barajan los directivos de Telefónica como coste del expediente de regulación de empleo en su filial de telefonía fija ronda los 4.500 millones de euros. Este número es el equivalente a los beneficios de los dos próximos años, según los analistas, y, dependiendo de su contabilización, puede impactar de lleno en los resultados de la operadora.

Claro que para llegar a esta cifra todavía tienen que concretarse muchos detalles. Este número sólo sería una realidad si finalmente fueran 15.000 los puestos de trabajo suprimidos, y Telefónica se ha reservado la potestad de prolongar o no el ERE a partir de 2006, cuando se haya llegado a las 10.000 bajas. También dependerá del tipo de adhesiones. No cuesta lo mismo la baja de un directivo que la de un operador de red. Pero, sobre todo, podrá variar según se vayan desarrollando las negociaciones con los sindicatos, puesto que la oferta de Telefónica es la primera que se pone sobre la mesa y será duramente debatida por las centrales.

Las condiciones económicas son muy similares a las ofrecidas en el último ERE, que transcurrió entre 1999 y 2000 y afectó a unas 11.000 personas. La operadora propone que los empleados se vayan con el 70% del salario regulado, pero reduce el complemento a la jubilación que recibirán desde los 61 a los 65 años al 30%, frente al 40% que dio en el pasado. A cambio, Telefónica ha propuesto que esta cifra se vaya actualizando un 1,5% cada ejercicio, mientras que en 1999 el porcentaje era inamovible.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, los sindicatos no han recibido de buen grado la oferta y se prevé una tensa negociación que, probablemente, terminará con una ligera mejora de las condiciones.

Así, aunque Telefónica puede hacer oficial la previsión de factura total de ERE cuando haya llegado a un acuerdo con los sindicatos, la cifra definitiva no se conocerá hasta 2007.

300.000 euros por baja

En cualquier caso, los 4.500 millones de coste global del expediente suponen un desembolso por empleado que ronda los 300.000 euros. Se trata de un número promedio. Habrá trabajadores que estén muy por encima, otros se situarán muy por debajo y habrá quien se acerque mucho. Todo dependerá de los años de antigüedad y la categoría de cada empleado que se acoja al ERE.

Aunque el expediente es voluntario, y a ello se ha comprometido Telefónica, la operadora ha incluido una cláusula con la que se asegura buena parte del éxito de la regulación, por lo menos si el logro se mide en que las bajas sean las más convenientes para su plan de negocio a medio plazo. Entre las condiciones planteadas ayer figura una que permite a Telefónica de España reducir la oferta económica a los trabajadores que tarden en adherirse al ERE. Según vaya llegando el momento en que cada empleado entra en una de las categorías del expediente, la empresa le avisará y tendrá unos meses para decidirse. Si no acepta la baja ese año y lo deja para el siguiente, las condiciones económicas pueden no ser las mismas y desde luego no variarán para mejor.

Más importante que el coste final del ERE es casi la contabilización que se haga del mismo porque, si no se periodifica, meterá en pérdidas a la compañía. La última vez el impacto en los resultados fue nulo. El entonces presidente, Juan Villalonga, arbitró una compleja operación por la cual cargó el coste a gastos extraordinarios, pero revirtió reservas e impuestos anticipados por la misma cantidad y los computó como ingresos extraordinarios. Ambas partidas se incrementaron en idéntica cantidad y con distinto signo, con lo que la suma dio cero. El problema vino cuando los auditores revisaron las cuentas. Andersen consideró muy poco ortodoxa esta forma de contabilizar un expediente y Telefónica arrastró una salvedad durante dos años.

De profesión, técnico, y en la cincuentena

Telefónica de España tiene muy claro cuáles son los perfiles que más se adaptan a la regulación que ha planteado. De hecho, la operadora ha identificado ya casi 10.000 de las 15.000 bajas que contempla entre este año y 2007. El problema para ella es que el ERE es voluntario, lo que significa que no puede obligar a nadie a adherirse a él. Son los afectados los que tienen que echar cuentas y decidir si optan o no por la baja incentivada. La otra cara de la moneda es que la voluntariedad es una vía de doble dirección; tampoco la compañía tiene por qué aceptar las renuncias que se le propongan si cree que el profesional es insustituible o trabaja para un área que no necesita recortes.Porque el expediente de regulación es de tal envergadura que ninguna división o categoría queda al margen de la reducción. Es lo que implica un ERE que afecta a uno de cada tres trabajadores. Pero dentro de este escenario, sí hay clases, y los operarios técnicos, encargados de tareas de red e infraestructuras se llevan la peor parte. Y más si cumplen entre 51 y 54 años durante el periodo de vigencia de la regulación.Los avances tecnológicos han hecho que Telefónica ya no necesite tanta mano de obra pegada a las centrales o a la red. Los nuevos nodos digitales requieren pocos empleados operándolas, ya sean profesionales cualificados o no. Y el mantenimiento está en gran parte centralizado. Ahora, y en el nuevo entorno de competencia, los comerciales son los protagonistas.