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Acuerdo extrajudicial

Inversores de EE UU logran la primera indemnización por el fraude de las OPV

Algunas agrupaciones de inversores ya lo habían advertido: hay mucho hilo del que tirar en la madeja del fraude puntocom. Y el acuerdo extrajudicial logrado ayer, por el que 309 compañías se comprometen a abonar indemnizaciones de 1.000 millones a un grupo de inversores, es sólo el comienzo.

Lo novedoso del acuerdo es que, por primera vez desde que estallaron los escándalos por fraude en Wall Street, los inversores perjudicados tienen derecho a una indemnización. En este caso, el grupo representado por la firma de abogados Milberg Weiss Bershad Hynes & Lerach ha logrado garantizar mil millones de dólares para algunos de los clientes a los que representa.

Sin embargo, el dinero tardará en llegar a los bolsillos de los inversores. El acuerdo, alcanzado tras un año de negociación, contempla que las indemnizaciones no se abonarán hasta que no se cierren las demandas que el mismo grupo de inversores ha interpuesto sobre 55 bancos de inversión que participaron como colocadores en las salidas a Bolsa de estas 309 compañías, entre las que se encuentran empresas como DoubleClick. Las demandas sobre los bancos superan los 4.000 millones de dólares.

En el caso de que los demandantes obtengan de las firmas de inversión indemnizaciones superiores a 1.000 millones de dólares, entonces, las compañías no estarán obligadas a abonar dinero alguno.

Al mismo tiempo, no todos los demandantes recibirán dinero, sólo lo harán aquellos que sean clientes preferenciales de las compañías aseguradoras que deben costear la indemnización. No obstante, observadores de Wall Street insistían ayer en que este acuerdo posee una alta carga simbólica, ya que abre la puerta a que los cientos de demandas impuestas por los inversores ante bancos y empresas salgan adelante o bien se resuelvan de forma similar.

En plena fiebre por los valores tecnológicos, las grandes firmas de Wall Street emitieron recomendaciones con claro sesgo alcista sobre compañías con el fin de venderles sus servicios de banca de inversión. Los bancos creaban, además, grandes expectativas sobre compañías que ellos mismos sacaban a Bolsa. Después vendían a sus mejores clientes paquetes de acciones de las OPV más jugosas llegando a cobrar, en algunos casos, una comisión. Por otro lado, algunas compañías ofrecieron en sus folletos perspectivas engañosas sobre la evolución futura del negocio.

La multa de 1.400 millones de dólares impuesta por el regulador estadounidense (SEC, en sus siglas inglesas) y la Fiscalía de Nueva York a 10 firmas de Wall Street en abril fue un golpe de autoridad por parte de los reguladores frente a las operaciones fraudulentas, pero dejó insatisfechos a los pequeños inversores. Algunos de éstos, que habían perdido su dinero siguiendo las recomendaciones engañosas y apostando por OPV amañadas, prometieron apoyarse en las investigaciones del fiscal de Nueva York y de la SEC para conducir sus propias demandas.

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