Política

El PP airea las deudas del PSOE con los bancos

El PP utilizó ayer la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas para agitar la situación financiera por la que atraviesa el PSOE y, de paso, dejar entrever la vista gorda que determinadas entidades financieras podrían estar haciendo con la deuda contraída por este partido.

Los populares sacaron adelante una resolución para que el Congreso de los Diputados remita al Banco de España el informe del Tribunal de Cuentas sobre los créditos vencidos e impagados que afectan a siete formaciones políticas, y principalmente al PSOE, cuya deuda global se sitúa en cerca de 21 millones de euros.

En el informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos correspondiente al ejercicio de 2000 se detectan operaciones de créditos vencidas e impagadas por importe de 33 millones de euros. De esta cantidad, 6,75 millones corresponden al PSOE y 14,33 millones al PSC. El resto se reparte entre Izquierda Unida, Esquerra Republicana, Unió Democrática, Eusko Alkartasuna y el Partido Andalucista.

A juicio de la portavoz del PP en la Comisión, la diputada María Jesús Ruiz, esa deuda vencida y no pagada supone un 'trato de favor' a los socialistas por parte de varias entidades financieras, y el Banco de España, aunque no tenga poder sancionador en este terreno, debe estar al tanto de la situación.

Vista a 10 años atrás

El PP rechazó todas las propuestas de resolución presentadas por el PSOE, en las que se pedían 'estudios exhaustivos y detallados' de las renegociaciones y condonaciones de deuda a favor de las formaciones políticas, de los proveedores que perdonan pagos a los partidos, de las donaciones de particulares, de la financiación de las fundaciones y de la evolución de la situación patrimonial de los partidos políticos a lo largo de los últimos 10 años.

Según el PP, el Tribunal de Cuentas deja suficientemente claros todos estos aspectos y las propuestas del PSOE no son más que 'una huida hacia delante' para tratar de extender responsabilidades de sus propios problemas. 'Solucionen su situación', dijo la diputada Ruiz.

La comisión también aprobó, a instancias del PP, una resolución en la que se supedita el abono de subvenciones electorales a los partidos políticos a que estén al día en sus obligaciones con los pagos a la Seguridad Social y a los diferentes órganos de la Administración pública.

La iniciativa, apoyada por CiU, establece una serie de condiciones antes de realizar el pago de las subvenciones para el funcionamiento de los partidos. Por ejemplo, ha de comprobarse que las formaciones que están obligadas a devolver cantidades de procesos electorales han procedido a cumplir con la sanción pendiente.

En lo único que coincidieron todos los grupos fue en la conveniencia de reformar la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, que data de 1987.