Política

El PSOE intenta recuperar Madrid por vía judicial

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III José Manuel Gómez Benítez pide en la querella presentada en nombre del PSOE ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se suspenda provisionalmente la condición de diputados de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez y se acompañe esta medida de un mandamiento judicial para que sus vacantes sean cubiertas por los siguientes candidatos en la lista. Se trata, según el dirigente socialista Diego López Garrido, de una medida cautelar para impedir que los dos desertores sigan cometiendo un delito continuado de cohecho.

El objetivo es recuperar por vía judicial el Gobierno regional de Madrid, neutralizando, aunque sea de forma temporal, la trama organizada para impedir que Rafael Simancas se convierta en presidente de la comunidad. Desde el PSOE se reconoció ayer que una respuesta judicial en este sentido carece de antecedentes. En todo caso no entraría dentro de la lógica hasta que ambos diputados no estuvieran imputados en una causa.

De este mismo delito de cohecho continuado se acusa también en la querella al secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada; a los constructores Francisco Bravo Vázquez y Francisco Vázquez Igual y al antiguo cabeza de la corriente socialista Renovadores por la Base José Luis Balbás, estrecho colaborador empresarial de Tamayo y amigo de Sáez.

En la querella se solicita prisión provisional para los dos diputados desertores, con el fin de que no puedan destruir pruebas. En caso de admisión de la querella, el juez puede acceder a esta petición, ya que el delito de cohecho continuado del que se les acusa está penado con hasta cuatro años de cárcel. También se pide para los querellados una fianza de un millón de euros.

El argumentario de la querella parte de la descripción de las circunstancias en las que Tamayo y Sáez se ausentaron el pasado 10 de junio de la Asamblea de Madrid para dejar en minoría a su grupo parlamentario y permitir la elección como presidenta de la Cámara de Concepción Dancausa (PP). Narra después que los dos constructores contra los que se dirige también la querella alquilaron sendas habitaciones en un hotel madrileño para los dos desertores y el cruce de conversaciones telefónicas que se produjo entre ellos.

La querella dedica un amplio apartado a describir los intereses creados por ambos empresarios, Tamayo y su jefe de filas, José Luis Balbas, en uno de los polígonos industriales de la madrileña localidad de Villaviciosa de Odón, trama que llevó a Francisco Bravo a intervenir de forma decisiva en la elección del comité electoral local del PP en este pueblo, sobre el que también tuvo 'una influencia decisiva' el secretario general de este partido en Madrid, Ricardo Romero de Tejada.

Cita en Génova, 13

Con estos antecedentes, prosigue el redactor de la querella, 'no puede sorprender' que Romero de Tejada haya reconocido haber recibido en su despacho de la sede central del PP, en Génova, 13, al citado constructor, el mismo día en el que se fraguó la traición de los diputados Tamayo y Sáez en la Asamblea de Madrid. Si bien la excusa que Romero ofrece para explicar dicha reunión es una negociación para hacerse con la alcaldía de otra localidad madrileña, Sevilla la Nueva, en la querella se defiende que a partir de las relaciones personales de los protagonistas y con los datos conocidos 'todo indica que Romero de Tejada ha intervenido en la organización de la operación en la Asamblea de Madrid, tanto, al menos, como el también querellado Francisco Bravo'.

A juicio de Diego López Garrido, la querella presenta indicios racionales como para que se inicie una instrucción penal con diligencias probatorias. Sólo a partir de una investigación judicial, mantienen los querellantes, se podrá acceder al conocimiento de las cuentas corrientes, a las relaciones con terceros de las sociedades presuntamente implicadas en la trama y a la práctica de los oportunos registros domiciliarios.

El escrito presentado ante el juez recuerda que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ya ha considerado en otras ocasiones que incurren en un delito de cohecho aquellos representantes electos que a cambio de dádiva o promesa cambian el sentido de su voto con respecto al de la lista por la que fueron elegidos, posibilitando de esta forma la elección de cargos de la lista contraria en el seno de órganos representativos.

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, continúa guardando silencio sobre el caso.

La convocatoria electoral se precipita

La Mesa y la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid iniciaron ayer los trámites para la disolución de la Cámara regional y la convocatoria anticipada de nuevas elecciones en la comunidad. El trámite, aprobado en solitario por el Partido Popular, sortea el artículo 21 del Estatuto de Autonomía que impide disolver la Asamblea en el primer periodo de sesiones de la legislatura, que acaba el 30 de junio. Por decisión del PP, el periodo de sesiones se inició ayer y acabará el próximo lunes, fecha a partir de la cual podrá disolverse la Cámara regional y convocarse elecciones.

La portavoz del PP en la Asamblea, Esperanza Aguirre, explicó que esta decisión de los órganos de gobierno de la Cámara regional 'supone un paso adelante para que haya elecciones', solución que calificó como la más 'justa' y 'limpia' para resolver la crisis. En principio, el PP maneja la idea de que los comicios se celebren en octubre.

El PSOE considera 'inaceptable' la salida encontrada por el PP para el anticipo electoral, mientras que IU habló ayer de 'golpe institucional'.