Los Quince aligeran la carga de responsabilidad de la industria
Tras un año entero de deliberaciones en torno a la propuesta de directiva de responsabilidad ambiental que presentó el año pasado la Comisión Europea, alentada por la presidencia española de la Unión, los Quince han alcanzado un acuerdo, cuyo texto votará ahora el Parlamento Europeo en segunda lectura y definitiva.
A pesar de que, gracias a este acuerdo del Consejo Europeo de ministros de Medio Ambiente, se salva la iniciativa para imponer a las empresas la reparación de los daños que ocasionen al entorno, los principales grupos ecologistas consideran que el texto legal ha quedado 'descafeinado'. El documento que se remite de nuevo a la Eurocámara elimina las enmiendas que lo endurecieron cuando se aprobó en primera lectura el pasado 14 de mayo.
Este texto ha tropezado con los intereses irreconciliables de los Quince respecto a tres cuestiones clave: la extensión de la aplicación de la norma a todo tipo de actividad potencialmente contaminante; la obligación de contratar seguros de responsabilidad civil para cubrir el riesgo de contaminación, y, en caso de que la empresa se declare insolvente, la responsabilidad subsidiaria del Gobierno.
Para empezar, se elimina la extensión del alcance de la norma, que sólo afectará a los sectores incluidos en una lista cerrada, que básicamente incluyen las industrias química, papelera, minera, de gestión de residuos y sustancias peligrosas, así como la energética, aunque se excluyen la nuclear y petrolífera, bajo el argumento de que tienen regulaciones específicas.
Este hecho, junto con la decisión de eliminar la cláusula que obligaba a la industria a contratar seguros o avales financieros, motivaron sólo el voto en contra de los ministros de Alemania, Austria e Irlanda. Los reparos de Francia, Italia y Reino Unido a exigir seguros y a asumir la responsabilidad subsidiaria llevaron a los ministros a limitarse a pactar que los países miembros deberán 'alentar' la adopción de mecanismos de garantías financieras. No obstante, encomiendan a la Comisión Europea que estudie la conveniencia de imponerlas a los cinco años de la entrada en vigor de la norma.
La ministra española de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, se dio por satisfecha y confió en que la Eurocámara dé luz verde a la norma antes del final de la legislatura, en mayo de 2004. Su departamento tiene a punto un anteproyecto de ley para exigir garantías a las empresas.