Aldama suaviza la transparencia de Olivencia
Los dos códigos de buen gobierno que ha tenido este país han resaltado la necesidad de dotar de mayor transparencia la remuneración de los consejos de administración, aunque uno en mayor medida que el otro. Consciente de las limitaciones en la materia de las compañías españolas, el Código Olivencia recomendó una adaptación paulatina a los nuevos requisitos, pero años después su heredero, el Informe Aldama, no ha forzado el mayor grado de transparencia al que su predecesor abría la puerta.
Olivencia no escatimó palabras a la hora de definir la realidad española, en que la percibió 'una larga tradición de opacidad'.
A su juicio, la Ley de Sociedades Anónimas era insuficiente, puesto que 'no pasa de imponer una información global por concepto retributivo que en su aplicación práctica no satisface enteramente el interés de los accionistas y de los mercados en esta materia, e incluso propicia una visión deformada de la realidad, fuente de frecuentes malentendidos'.
Se imponía, por tanto, 'la superación de las actuales exigencias legales, en favor de una transparencia cada vez mayor'. Y su recomendación fue clara: 'La política de información de las retribuciones de los consejeros' debe inspirarse en el 'principio de máxima transparencia', lo que suponía la más completa y detallada información individualizada para cada consejero y pormenorizada por conceptos.
El Informe Aldama siguió la línea de su predecesor y destacó la necesidad de hacer públicas las remuneraciones individualizadas. 'La comisión ha constatado el ritmo lento a que dicha recomendación avanza en su implantación y ha deliberado sobre ello, considerando que lo allí recomendado es un claro indicador de la calidad del gobierno corporativo y cumple una función de ejemplaridad en la vida de las sociedades cotizadas, y por ello reitera a las sociedades la conveniencia de su implantación', fue su conclusión.
Sin embargo, Aldama abrió la puerta a que la partida de mayor envergadura de las remuneraciones escapara del control público. El sucesor de Olivencia recomendó la separación de la retribución de los consejeros ejecutivos del total del consejo y su unión, 'sin mención individualizada', a los salarios de la alta dirección de cada compañía.