Carlos Fernández: 'El que no tenga prisa saldrá de Terra mejor tratado'

Sevillano, de 67 años, es el segundo defensor que ha tenido la Bolsa de Madrid desde que se creara esta figura en 1991. Acaba de cumplir un año en un puesto llamado a ser el lazo que une al pequeño inversor con el mercado de capitales.

Al hablar, Carlos Fernández destila sosiego, virtud probablemente necesaria para hacer frente a las reclamaciones de los inversores. Tras cumplir un año de estancia en el despacho del Protector del Inversor de la Bolsa de Madrid, asegura con rotundidad que la cultura financiera de los españoles se ha desarrollado mucho en los últimos años, aunque reconoce que queda mucho por hacer.

Pregunta. ¿Ha recibido muchas consultas o reclamaciones a propósito de la opa formulada por Telefónica sobre el 100% de Terra?

'Hay un intento decidido por parte de la Comisión por aplicar las normas relativas a las opas'

Respuesta. Hemos recibido bastantes consultas más que reclamaciones. Como sabe, la opa todavía no ha sido aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Mientras no haya una aprobación no cabe tampoco una reclamación.

P. ¿Qué papel puede jugar la CNMV?

R. En la fase de una oferta pública las facultades de la Comisión están muy limitadas, de tal manera que el éxito o fracaso de la opa está condicionada por la bondad o no del precio ofrecido, como ha dicho recientemente el presidente de la Comisión. Entonces, en estos momentos prácticamente la posibilidad de defensa de esa opa es muy limitada. Tan sólo en el momento en que se produzca una opa de exclusión la intervención de la Comisión podría generar una reconsideración del precio por parte de Telefónica. Luego, la gente que no tenga prisa, creo que al final, si hay opa de exclusión, saldrá mejor tratada que en la opa anterior.

P. Como protector del inversor, ¿qué opinión le merece la opa lanzada por Telefónica?

R. Parece que no se ajusta mucho a la realidad de los hechos el que una oferta se haga a 11,81 euros en el caso de los inversores individuales y a 13 en el caso de los inversores institucionales y que después se haga una ampliación de capital para absorber a Lycos a 63 euros por acción para que después la opa se haga a 5,25 euros. Parece que hay una asintonía en el precio. Sin embargo, los directores de Telefónica sostienen que es el valor real que tiene la empresa.

P. ¿Ha percibido un cambio de actitud en los pequeños inversores a la hora de exigir sus derechos?

R. Hay mayor conciencia en el ejercicio de los derechos políticos por parte de los pequeños accionistas. Qué duda cabe que las asociaciones en defensa de sus intereses encuentran eco y predicamento ante el abuso que se ha producido muchas veces de los intereses de los pequeños accionistas.

P. ¿Están demostrando ser efectivas las asociaciones de pequeños accionistas a la hora de defender sus derechos?

R. Queda limitada por la ponderación del voto. En definitiva los pequeños accionistas muchas veces no pueden con las representaciones proporcionales que muchas veces se atribuyen al consejo de administración.

P. ¿Cree que las asociaciones de pequeños accionistas podrían llegar a tener la fuerza que tienen en otros países como EE UU y llegar por ejemplo a destituir consejeros?

R. Siempre y cuando el capital flotante de las compañías permita que los pequeños accionistas representen una cuota suficiente para hacer frente a las decisiones de los consejos.

P. El borrador de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva obliga a los fondos de inversión a acudir a las juntas de aquellas compañías en las que su participación sea significativa y tengan vocación de permanencia. ¿Cree que los fondos deberían ser más beligerantes en las juntas?

R. Normalmente, a los fondos se les atribuye una facultad que es la de irse de las sociedades en las que no se respeten las reglas de transparencia y de buen gobierno. æpermil;sa es la mayor defensa que tienen los fondos. Pero qué duda cabe que el ejercicio de los derechos políticos por parte de los fondos en la representación de los intereses de sus partícipes puede ser interesante y conveniente en determinados supuestos.

P. La Administración está dando pasos significativos en la defensa de los pequeños accionistas en textos como la recién aprobada la Ley de Opas o las pendientes de aprobación, como la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y la Ley Aldama. ¿Qué opinión le merecen estas reformas?

R. Se están tomando medidas apropiadas que van en la buena dirección. Pero estas normas, para su traducción y su implementación en la práctica requieren un periodo de tiempo y de acomodación.

P. ¿Considera suficiente la información que generan las sociedades? ¿Son realmente transparentes?

R. Muchas veces al pequeño accionista y en general al inversor individual se le atosiga con una serie de datos que son inoperantes a los efectos de sus decisiones de inversión. Las memorias deberían ser más cortas pero al mismo tiempo más ilustrativas. Es decir, con una condensación de las ideas esenciales en orden a la adecuada apreciación por el inversor de la bondad o no de un determinado valor.

P. ¿No cree que debería aumentar la transparencia en aspectos más polémicos como la publicidad de las retribuciones de los directivos?

R. En la Ley de Sociedades Anónimas esa manifestación es obligada. Prueba de ello es que hay alguna entidad bancaria que lo viene publicando desde entonces. Volvemos otra vez sobre normas ya publicadas, donde lo importante no son sólo las normas sino que exista el deseo de aplicarlas. No es tanto un problema de nueva normativa cuanto de aplicación de la normativa vigente.

P. ¿Y por qué no se aplica?

R. Choca con intereses de determinados sectores.

P. ¿Podría ayudar el desarrollo de los códigos de buen gobierno de las sociedades?

R. En ese aspecto se están dando pasos importantes. Ahora lo que hace falta es que haya un periodo de aclimatación y de operativa práctica de las nuevas normas y que se traducirá, yo creo, en una mejor gestión de los intereses colectivos.

P. El decreto de opas que acaba de aprobar el Gobierno trata de evitar el cambio de manos de paquetes accionariales sin beneficio para el pequeño accionista. ¿La medida es suficiente para garantizar los derechos del minorista?

R. No sólo el decreto de opas. También ha sido importante el deseo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de atender aquellos supuestos en los que se había dado de lado a los derechos de los accionistas minoritarios. Tanto en el caso de ACS con Dragados como en el de Bami con Metrovacesa, hay un intento decidido por parte de la Comisión de aplicar esas normas.

P. ¿Ha evolucionado la cultura financiera del inversor?

R. Por supuesto. Qué duda cabe que esto es un itinerario continuo. Lo mismo que una cartera nunca está terminada, siempre hay que ir perfilándola y mejorándola, lo mismo acontece con la cultura financiera del inversor. Yo creo que ha mejorado mucho gracias a la labor de los medios de difusión social, pero hay tareas todavía por realizar. En ese sentido, creo que la transparencia y un criterio de mayor selección de la información por parte de las entidades cotizadas ayudarán a mejorar y a perfeccionar la cultura financiera del inversor.