Los titulares con más del 5% de las cuotas de una caja dejarán de recibir dividendos

La CECA y la AEB remitirán en breve sus alegaciones al primer borrador de real decreto sobre cuotas participativas. En este documento se establece que cualquier titular de cuotas que tenga más del 5% de las emisiones en circulación de una caja perderá sus derechos a percibir dividendos si no retorna a los límites exigibles en un mes.

Las cajas han comenzado a remitir a la CECA sus alegaciones al primer borrador de real decreto por el que se regulan las cuotas participativas. Con ellas la CECA elaborará un informe del sector sobre esta norma, que según espera el Tesoro entraría en vigor después del verano. Los bancos, a través de la AEB, también realizarán alegaciones al borrador. Una de las principales preocupaciones de los bancos respecto a las cuotas es que 'se emitan en las mismas condiciones que lo hacen los bancos cuando acuden al mercado a captar recursos propios de primera categoría (Tier I). Para los bancos es costoso reforzar estos recursos propios y consideramos que para las cajas el esfuerzo debe ser igual. No entenderíamos que ellas tuvieran ventajas', asegura un técnico de un banco que está estudiando ya el borrador.

De momento, las cuotas participativas son consideradas renta variable, y su lanzamiento se realizará con prima de emisión.

Una de las previsiones que ha tenido en cuenta el Tesoro ha sido la de intentar limitar la posibilidad de que un grupo económico o persona ostente más del 5% de las cuotas participativas en circulación por parte de una caja.

Para reforzar este objetivo, y evitar así que cualquier cuotapartícipe se salte este límite, el borrador establece que si se sobrepasa este tope 'la caja comunicará al interesado la suspensión de la totalidad de sus derechos económicos y hará pública la numeración de las cuotas afectadas por dicha medida'.

Antes de tomar esta medida, no obstante, la caja avisará al interesado para que en el plazo de un mes proceda a la enajenación de las cuotas excedentes. Si el interesado no restablece en dicho plazo este límite, será cuando la caja actúe para quitarle los derechos económicos.

Una vez que el titular de las cuotas retorne a los límites exigibles, la caja declarará cancelada la suspensión de los derechos. No obstante, se fija que 'en ningún caso la penalización soportada por el interesado, con cargo al valor de sus cuotas, será inferior al triple de los gastos que haya sufrido la caja a causa del incumplimiento citado ni al importe de los derechos económicos correspondientes a las cuotas excedentes del límite en el último ejercicio en que los devengaron'.

Las cajas, además, incluirán en su memoria anual información individualizada sobre las personas o grupos de sociedades que dispongan de un porcentaje de sus cuotas participativas superior al 3%.

Estas entidades de ahorro, dentro del mes siguiente al del vencimiento de cada trimestre natural, comunicarán al Banco de España todos los cuotapartícipes que tengan la condición de entidades financieras y los que, no siéndolo, tengan a su nombre cuotas que representen un porcentaje igual o superior al 0,50% del volumen total de cuotas en circulación.

Precio de la emisión

A los directivos y administradores de una caja que tenga admitidas a negociación cuotas, les será de aplicación la obligación y el régimen de comunicación previstos en el Real Decreto 377/1999, de 15 de marzo, de comunicación de participaciones significativas en sociedades cotizadas y de adquisición por éstas de acciones propias.

Una de las principales dudas que se plantean para el inversor es el precio al que se lanzarán estos nuevos títulos.

Según el borrador, el precio de emisión de las cuotas deberá corresponderse o ser superior a la estimación del valor razonable que figure en el informe de un auditor.

No obstante, cuando el procedimiento de colocación de estos títulos asegure la determinación del precio final 'en condiciones adecuadas de transparencia y libre competencia', el consejo de administración podrá fijar el precio de la emisión 'en una cifra inferior hasta en un 15% al valor razonable calculado por el auditor, siempre que no sea inferior al valor neto patrimonial de las cuotas'.

El borrador establece que concurrirán condiciones adecuadas de transparencia y libre competencia cuando intervenga en la colocación un número suficiente de demandantes profesionales. En el caso de que se reserve a los empleados de la institución más del 40% de las cuotas a emitir, la posibilidad de reducción en un 15% del valor razonable calculado por el auditor pasa a ser del 5%. Se establece, asimismo, que en ningún caso podrán establecerse precios de emisión diferentes por razón de las circunstancias personales de los futuros cuotapartícipes. Y cita como ejemplo la condición de empleados o clientes.

Otro punto controvertido que se ha ido suavizando a favor de las reclamaciones de algunas cajas, pero que aún no convence a los sindicatos, es la creación de un sindicato de cuotapartícipes. Su constitución será obligatoria si lo reclaman los titulares de las cuotas que representen al menos un 30% del volumen de las emisiones de la caja en circulación o si existe ya un sindicato de obligacionistas.

Medidas para aumentar la transparencia

Las cajas tendrán que afrontar previsiblemente nuevas medidas destinadas a incrementar la transparencia. Está previsto que hoy el Grupo Parlamentario Popular presente una enmienda al proyecto de Ley de Transparencia que obligará a estas entidades de ahorro a informar una vez al año de las operaciones que realicen con partidos políticos e instituciones públicas con representación en los territorios donde estén presentes las cajas. En este informe, en principio, deberán incluir el detalle de los créditos que tengan contratados con los citados organismos y agrupaciones políticas y los tipos de interés que aparecen en esos contratos. Otra de las medidas que se incluirán vía enmiendas a la citada ley -que modifica la Ley del Mercado de Valores y la legislación sobre sociedades anónimas- es la obligación de que las cajas revelen anualmente en un informe de gobierno corporativo del conjunto de las retribuciones que perciben los consejeros por su puesto en estas entidades y en los consejos de empresas participadas. Es en este informe donde aparecerán también los contratos con partidos e instituciones públicas.El fin de estas nuevas estipulaciones es acercar a las cajas a las exigencias de prácticas de buen gobierno que se demandan a las sociedades cotizadas. El secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, ya señaló el viernes durante unas jornadas en Sevilla que las medidas buscan poner en marcha reglas 'equitativas' para bancos y cajas.La inclusión de estas futuras normas llega tras los reiterados mensajes que ha lanzado el Gobierno a las cajas en el último mes sobre la necesidad de que aumenten la transparencia. Estos llamamientos han provocado la sorpresa del sector, que defiende que ya son suficientemente transparentes y que siempre han adoptado las medidas necesarias, incluso 'cuando el legislador olvida', critican, 'incluirlas en ciertas normas'.