La patronal europea pide a los Estados que sufraguen la conservación de datos
Varias patronales europeas pidieron la semana pasada que los Gobiernos financien los costes de la conservación indiscriminada de datos exigida a las empresas desde los atentados del 11 de septiembre. Las compañías dudan, además, de la utilidad policial o judicial de mantener unas bases de datos que requieren un costoso soporte informático y personal para su gestión.
La colaboración con la justicia puede acarrear un coste insoportable para muchas empresas en estos tiempos de tecnología y comunicación virtual. Varias patronales europeas denunciaron la semana pasada la creciente tendencia de los Gobiernos a imponer la conservación durante largos periodos de tiempo de todos los datos que circulan por los circuitos informáticos de las compañías europeas, desde los albaranes emitidos a un cliente al rutinario correo electrónico entre dos empleados. Y exigieron que las autoridades sufraguen 'los costes de la infraestructura necesaria para la retención de datos, para su conservación y para su rastreo posterior'.
Si las normas sobre respeto a la intimidad tradicionalmente impedían conservar ciertos datos de los clientes, ahora se prohíbe a las empresas destruirlos durante plazos que oscilan entre tres meses y tres años. Las empresas no sólo deben adecuar la capacidad de su infraestructura informática para acoger ese ingente volumen de bits, sino que además deben estar dispuestas a trillar el magma virtual cuando las autoridades reclamen un dato concreto.
En una declaración de 12 páginas suscrita por Unice (confederaciones empresariales europeas), Eicta (patronal del sector tecnológico), lCC (organización internacional de cámaras de comercio) e Intug (asociación de usuarios de servicios de telecomunicaciones), se intentan desarmar los argumentos esgrimidos por las autoridades para abandonar la tradicional retención puntual de ciertos datos en favor de un sistema indiscriminado de almacenamiento. 'No es económicamente eficiente ni efectivo para una investigación criminal', concluyen las organizaciones firmantes, entre cuyos miembros figuran la CEOE y Aniel.
El documento considera especialmente inútil la conservación de las comunicaciones internas o entre empresas, y describe como 'técnicamente poco viable, si no imposible', el almacenamiento de los millones de datos que permiten el funcionamiento de los sistemas informáticos.
Las patronales piden una definición muy precisa de los datos que deben almacenar, así como unos plazos lo más breves posibles para su destrucción. De no ser así, advierten que se generarán unos 'costes masivos' y existirá el riesgo de una utilización fraudulenta de los datos almacenados.