Empleo

Trabajo prorroga el plan formativo al no lograr transferirlo a las regiones

El Ministerio de Trabajo y la Generalitat de Cataluña rompieron el lunes las negociaciones para consensuar un nuevo modelo de ayudas a la formación continua en las empresas, actualmente denominado Forcem. Ante la falta de acuerdo, el ministerio ha decidido prorrogar el modelo del año pasado para el actual ejercicio y aprobar de inmediato un nuevo modelo para el año 2004 que se base en la aplicación de exenciones genéricas y universales para todas la empresas.

Según informaron fuentes sindicales, la intención del ejecutivo sería aprobar este viernes en Consejo de Ministros las líneas básicas del nuevo modelo de ayudas. Ni fuentes del Gobierno ni fuentes de la Generalitat confirmaron este extremo.

Lo cierto, es que la prórroga y el nuevo modelo permitirían al ministerio que dirige Eduardo Zaplana evitar el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se insta al Gobierno a transferir las ayudas a la formación a Cataluña y, por extensión, al resto de comunidades autónomas.

Según la interpretación del Ministerio de Trabajo, el cumplimiento de la sentencia es obligatorio en caso de mantener el actual modelo, pero no en caso de aprobar uno nuevo, lo que evitaría la transferencia obligatoria.

Ante esta posición la Generalitat anunció ayer que ha decidido, 'con el apoyo de los sindicatos UGT y CC OO y de las patronales Fomento del Trabajo y Pimec-Sefes, iniciar las acciones legales pertinentes para obligar al cumplimiento de la sentencia del Constitucional', aseguró el consejero de Trabajo, Antoni Fernández Teixidó. La Administración catalana está dispuesta a aceptar que se prorrogue este año el sistema del año pasado y luego se negocie un nuevo modelo, 'pero los recursos de este ejercicio deben ser transferidos a Cataluña', indicó el consejero catalán.

En cuanto a las negociaciones para el nuevo modelo de ayudas, Fernández Teixidó aseguró que 'el sistema que quiere aplicar el PP acabará con la formación continua en las pymes, que son mayoritarias en el tejido empresarial catalán'. El Gobierno pretende que todas las empresas de más de 10 trabajadores se apliquen un exención por formación universal que podrá desgravarse en los impuestos (seguramente el impuesto de sociedades que es de ámbito estatal). De esta forma, la transferencia a las comunidades autónomas como establece el Constitucional quedaría sin efecto.

Una de las medidas de presión que utilizará Cataluña en su enfrentamiento con el Gobierno central por los recursos del Forcem será la constitución de un consorcio para gestionar estas ayudas. En este organismo estarán representados, además de la Administración, que será quien gestione los fondos, los sindicatos UGT y CC OO y las patronales catalanas Fomento del Trabajo y Pimec-Sefes-Fepime. El acto de creación podría convocarse para la próxima semana.

La entrada de Fomento del Trabajo en este consorcio choca con la postura que sostiene la CEOE en Madrid respecto al tema de las ayudas a la formación. Según algunas fuentes, la CEOE estaría a favor del modelo de exenciones generalizadas que propone el ministro Eduardo Zaplana. Los votos de la CEOE son imprescindibles para que el Gobierno pueda aplicar una prórroga del sistema Forcem de 2002.

Por su parte, los líderes sindicales de UGT y CC OO en Cataluña señalaron que tanto la CEOE como el Gobierno pretenden que el tema de la formación continua 'vuelva a como estaba en los años ochenta'. Respecto a las acusaciones de fraude que se han registrado con el sistema Forcem, los sindicatos indicaron que 'se ha producido un 1% de fraude y siempre estando implicadas organizaciones patronales'.