La acusación de colaborar con el fraude enfrenta a la abogacía con Anticorrupción
Anticorrupción denuncia en su última memoria anual que 'la participación de ciertos letrados no se limita al normal asesoramiento en aspectos jurídicos y financieros, sino que va más allá: el diseño de operaciones de ingeniería financiera y la prestación de la infraestructura, como la puesta a disposición del cliente de sociedades instrumentales al frente de las cuales colocan a personas físicas (testaferros) que permiten ocultar la identidad del cliente y la verdadera naturaleza de la operación'.
Las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción han levantado ampollas en el entorno de la abogacía. En palabras de su máximo representante, Carlos Carnicer, estas manifestaciones son 'inaceptables'.
Carnicer opina que 'es lamentable que la fiscalía se dedique a hacer imputaciones en abstracto'. Y se queja de que la fiscalía viene lanzando estas acusaciones en anteriores memorias anteriores sin aportar datos concretos.
Fuentes de Anticorrupción señalan que la denuncia de esta situación es consecuencia del debate abierto en la UE sobre la participación de algunos profesionales, como auditores, notarios o abogados, en el ocultamiento y desvío de capitales.
Una muestra de ello es la reciente entrada en vigor de la directiva comunitaria que obliga a los abogados a cooperar en la denuncia de operaciones sospechosas de blanqueo de dinero. También están obligados los notarios, los auditores y los agentes inmobiliarios entre otros profesionales.
Aseguran las mismas fuentes que esas manifestaciones que se publican en la memoria de la fiscalía también se desprenden de los procedimientos judiciales que investigan.
Desde la fiscalía se asegura, además, que se está denunciando una situación que se intenta combatir en todos los países del entorno y que cuando se tengan indicios contra profesionales del derecho con nombres y apellidos no dudarán en proceder contra ellos.
Malestar en los despachos
En los grandes despachos de abogados, el malestar por las declaraciones de Anticorrupción es patente. Los letrados se quejan sobre todo de que cada cierto tiempo se les acusa sin pruebas.
'Las acusaciones de la Fiscalía se repiten año a año', afirma Joaquín García Romanillos, socio especializado en Derecho Procesal del buefete Gómez Acebo y Pombo. 'Yo les diría a los fiscales que si hay personas que obstaculizan la profesión, que vayan contra ellas, pero eso de calificar la abogacía como una profesión de riesgo no sé cómo interpretarlo'.
Este letrado opina que el deber del abogado es defender y no colaborar con el delincuente. 'Detrás de la directiva de la UE está la intención de abrir la espita del secreto profesional.
Pero la misión de la abogacía es colaborar en la administración de justicia, no en la persecución de un delito', asegura. García Romanillos piensa que la economía está invadiendo el mundo del derecho y unos delitos se consideran más importantes que otros. 'Si quitamos el límite al secreto profesional, ¿por qué no hacerlo también en temas de terrorismo?', se pregunta.
De modo similar opina José María Alonso, socio gestor del despacho Garrigues, quien piensa que la conducta del abogado debe regirse siempre por un absoluto respeto a los valores éticos y a la legalidad.
Sin embargo, reconoce que la abogacía no está exenta de prácticas delictivas. 'Es posible que haya habido casos en que así haya ocurrido, como puede suceder en cualquier otra profesión, y por consiguiente, debe ser a esos casos a los que pretende referirse la Fiscalía Anticorrupción', afirma José María Alonso. 'Evidentemente, dentro de los valores éticos del abogado no entra ni puede entrar el contribuir o facilitar la comisión de delitos por parte de los clientes'.
El socio del despacho de Garrigues no considera que se haya querido hacer una imputación más o menos generalizada por parte de la Fiscalía Anticorrupción, 'pues, de ser así, coincidiríamos con Carlos Carnicer en que ello sería sencillamente inaceptable'.