El Gobierno deniega la reclamación histórica de Telefónica por las tarifas
La liberalización de las telecomunicaciones se ha quedado sin uno de sus temas estrella: la batalla entre Telefónica y el Gobierno por el reequilibrio tarifario y las presuntas pérdidas que la deficiencia del sistema ha ocasionado en las cuentas del ex monopolio.
El Consejo de Ministros puso el 7 de marzo punto final a una reclamación que se presentó en noviembre de 1999, y que formó parte de la andanada lanzada por Telefónica para conseguir que el Gobierno aprobara la subida de la cuota de abono. El ex monopolio, entonces presidido por Juan Villalonga, denunció primero al Ejecutivo ante la Comisión Europea y después presentó la reclamación que ahora ha sido denegada.
El primer movimiento pretendía convencer a Bruselas de que la liberalización estaba mal hecha y que debía intervenir forzando un alza de precios, mientras que el segundo se limitaba a exigir compensaciones.
La cuantía de la reclamación nunca ha sido desvelada, puesto que su fijación estaba condicionada al fallo. Una vez desestimada la denuncia, los cálculos dejan de tener sentido, aunque en su momento Telefónica aseguró que el coste de mantener artificialmente baja la cuota de abono -el denominado déficit de acceso- rondaba los 5.400 millones de euros, a razón de 1.800 millones de euros anuales en los ejercicios de 1998, 1999 y 2000.
Dictamen negativo
El Consejo de Estado, sin embargo, no ha encontrado tal déficit. El organismo considera que las cuentas de la filial de telefonía fija en España de Telefónica fueron sólidas durante esos años y que los daños ocasionados por la irrupción de los rivales en un mercado donde ella estaba atada de pies y manos con unas tarifas no orientadas a costes -según argumentaba el ex monopolio- no lo han sido tanto.
Y ello, a pesar de que Villalonga forzó las cuentas de 1999 y metió a la filial de telefonía fija en pérdidas al provisionar 1.322,6 millones de euros para, según la operadora, compensar el negativo efecto de las medidas regulatorias en la recuperabilidad del valor de determinados activos.
Con la resolución del Consejo de Estado en la mano, el Gobierno no ha tenido dudas y ha rechazado definitivamente la reclamación de Telefónica.
La operadora ha tenido más suerte en Bruselas, donde su denuncia no ha caído en saco roto. La Comisión Europea puso en diciembre de 2000 a España entre la espada y la pared y exigió al Gobierno la subida de la cuota de abono. El objetivo comunitario no era tanto conseguir una mejora para las cuentas de Telefónica, sino velar por la competencia, que no podía competir en igualdad de condiciones con un ex monopolio con precios por debajo de costes.
Tras varios meses de negociaciones y a pesar de las declaraciones de la titular de telecomunicaciones -Anna Birulés ya había asumido el cargo- de que el reequilibrio tarifario ya estaba hecho, el Gobierno dio finalmente permiso a Telefónica para elevar a 12,61 euros el precio de la cuota que pagan todos los meses 17 millones de españoles por tener un teléfono en su casa.
El acuerdo se anunció en la primavera de 2001 y Telefónica depuso inmediatamente sus hostilidades. No así la Comisión Europea, que denunció a España ante el Tribunal de Luxemburgo no por la cuantía del alza de la cuota de abono, sino por su implementación. Según lo pactado entre la compañía y el Ejecutivo, la subida del pago mensual se haría de forma escalonada hasta 2003, una fecha que Bruselas consideraba entonces demasiado lejana.
Esta demanda sigue viva en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aunque, según fuentes cercanas al Gobierno, está bastante parada. Una resolución a estas alturas, además, poco haría por acelerar el proceso, ya concluido, de subida de la cuota de abono pactado en 2001.