El fiscal jefe de Madrid demanda a Michavila
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, presentó ayer una demanda civil contra el ministro de Justicia, José María Michavila, quien el pasado 28 de abril, cuando se pusieron en marcha los juicios rápidos, le acusó de haberse declarado en situación de 'rebeldía'.
Según informó ayer la Cadena Ser, Fernández Bermejo presentó la demanda civil de protección al honor en el Tribunal Supremo y en ella reclama a Michavila 'por dañar su buen nombre' 60.000 euros, dinero que en su caso sería invertido en programas de mejora de la Administración de Justicia.
El pasado 28 de abril, el ministro afirmó que Fernández Bermejo 'se ha manifestado en rebeldía' en la aplicación de la ley de juicios rápidos, y no dudó en que éste haría 'todo lo posible' para que 'falle todo'.
El fiscal jefe pide en la demanda que se diferencie entre la 'sana crítica' y la 'difamación', y añade que el insulto 'no tiene por qué tolerarse'.
Además, los abogados del fiscal mantienen que Michavila atacó a Fernández Bermejo de forma 'gravísima e injustificada sin apoyarse en ningún dato objetivo', insinuando que el jefe de los fiscales madrileños había saboteado los juicios rápidos y que era reacio a trabajar.
La demanda relata que con sus manifestaciones Michavila dañó 'tanto el buen nombre como la reputación profesional de un fiscal con casi 30 años de experiencia' y 'difamó al fiscal jefe de Madrid con afirmaciones falsas'.
En esta demanda también se exige la publicación de la sentencia en tres periódicos de tirada nacional.
El pasado 29 de abril Fernández Bermejo manifestó que las declaraciones del ministro de Justicia fueron 'un gravísimo error' y ya anunció que iba a estudiar 'muy detenidamente' si planteaba algún tipo de acción ante los tribunales.
Fallo informático
Lo cierto es que los juicios rápidos se estrenaron en Madrid el pasado 28 de abril con un fallo informático en la agenda de señalamientos que sirve de enlace entre las comisarías y los juzgados de instrucción. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre Juicios Rápidos entró en vigor en el resto de España sin excesivas incidencias.
El propio Ministerio de Justicia admitió durante la presentación de la puesta en marcha de los juicios rápidos que se producirían defectos pese al esfuerzo inversor, que en un periodo inicial alcanza los 98 millones de euros.
El ministro aseguró que, como en todas las reformas profundas, habría disfunciones y que se enfrentarían a 'un periodo de rodaje'. Además, José María Michavila trató de quitar peso al fallo informático, asegurando que durante la jornada de estreno de los juicios rápidos se puso en marcha una red que conecta 2.100 puestos de la Guardia Civil, 250 comisarías, 1.368 juzgados penales, 70 fiscalías y 83 colegios de abogados.