Llegan las cuentas ahorro para emprendedores
El Gobierno prevé que la nueva figura tributaria potencie la creación de 190.000 pequeñas empresas cada año a través de deducciones en el IRPF
Las grandes empresas con más de 250 trabajadores, inmersas en planes de reestructuración.
Pero si las pymes son el verdadero motor de la economía, también es cierto que el índice de mortandad de las nuevas empresas es muy elevado. De nada sirve que se creen empresas si buena parte de ellas (cuatro de cada diez, o una de cada dos si no tienen asalariados) no subsiste más allá de cuatro años después de haber sido creadas. El apoyo a las pymes más jóvenes y al nacimiento de nuevas con bases sólidas es una asignatura pendiente, más allá de las tradicionales líneas de financiación que concede el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
La línea pyme del ICO de este año pone a disposición 3.000 millones de euros para financiar pequeñas y medianas empresas, con un volumen de negocio inferior a 40 millones de euros. Ofrece plazos de amortización de hasta siete años con un periodo de carencia de 2 años. El importe máximo de financiación es de 1,5 millones de euros por beneficiario y año.
Fruto de esta preocupación por mejorar los instrumentos de financiación de las pymes, el Gobierno ha incluido en el reciente paquete de reformas económicas aprobado el 25 de abril una nueva figura, centrada no en el préstamo subvencionado de entidades privadas o públicas como hace el ICO, sino en la propia capacidad de ahorro del empresario. Se trata de una cuenta ahorro empresa, de características similares a la cuenta ahorro vivienda para compra de una casa, pensada para que jóvenes emprendedores puedan deducirse en el impuesto sobre la renta las cantidades depositadas en ella. Consiste en una deducción fiscal del 15% en el IRPF, aplicable a un máximo de cuatro años con el límite de 9.015,18 euros anuales. Para evitar la picaresca se establecen condiciones. Los fondos de la cuenta ahorro empresa deberán destinarse a la constitución de una empresa con, al menos, un local, un empleado y con la forma jurídica de sociedad limitada nueva empresa.
Esta forma jurídica es precisamente la que el Ejecutivo quiere fomentar a través del llamado 'estatuto nueva empresa', que permitirá acelerar los trámites de constitución de una sociedad para que pueda ser viable en un plazo de 48 horas. Los socios de una nueva empresa deben ser personas físicas (no jurídicas), con un capital inicial de entre 3.012 y 60.096 euros. El estatuto les concede regirse mediante un plan de contabilidad simplificado y con unos órganos sociales de fácil funcionamiento.
Hasta seis millones de ingresos
El Gobierno prevé que la cuenta ahorro anime a muchos emprendedores a crear su empresa. De hecho, estima que 190.000 personas se beneficien fiscalmente al año de la nueva figura tributaria, especialmente autónomos, cuyo potencial para generar riqueza y empleo es evidente. En 2002 los autónomos y microempresarios crearon 108.000 puestos de trabajo, casi la mitad del total en el ejercicio, y generaron el 17,6% del PIB. Desde 1996 se han incorporado 400.000 nuevos cotizantes autónomos a la Seguridad Social, hasta alcanzar 2,7 millones.
Otra novedad introducida en el paquete de reformas del Gobierno es la que amplía de cinco a seis millones de euros el límite máximo de facturación para que una sociedad se defina como empresa de reducida dimensión a efectos fiscales. Estas empresas gozan de un tipo de gravamen menor en el impuesto de sociedades (tributan al 30% para los primeros 90.000 euros, en vez del 35% que es el tipo general), así como otros incentivos fiscales. La medida era muy demandada por la patronal Cepyme, ya que con el paso de los años se estaba quedando fuera de estas bonificaciones un buen numero de pymes por el mero efecto de la inflación sobre la cuenta de resultados.
De hecho, en la última Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado (con efectos en este año), el Ejecutivo ya elevó este límite de tres a cinco millones de euros. Y se dotaron 530 millones de euros para financiar los mayores beneficios fiscales por la aplicación del tipo especial para pymes. Con todo, el Ejecutivo aplica la política de 'una de cal y otra de arena' para el colectivo. El mejor acceso a la condición de pymes a efectos fiscales que supone esta medida se combina con un endurecimiento del régimen de módulos. Concretamente, con el nuevo IRPF, en vigor desde enero, se mantiene el límite máximo por volumen de ventas para acceder al régimen de módulos, pero se fija un nuevo límite general por compras de bienes y servicios (excluidas las adquisiciones de inmovilizado), de 300.0000 euros anuales.
Además, este límite se aplicará a la totalidad de las compras, sin posibilidad de que pueda fijarse para cada una de las actividades a las que se pueda dedicar el contribuyente. El Gobierno pretende, con ello, que el régimen de módulos no sirva para ocultar a grandes empresas que han decidido fraccionar su facturación para beneficiarse de los incentivos fiscales del régimen.
Otra novedad que ha llevado aparejada una gran polémica es la asimilación de las cotizaciones de los trabajadores del régimen especial agrario a las del régimen de autónomos, y el mejor acceso de las mujeres del medio rural al Régimen Especial Agrario (Reass). La asimilación de las cotizaciones supone en la práctica la supresión del régimen agrario (con 37 años de existencia), y que 300.000 trabajadores autónomos del campo tengan que cotizar más para mejorar sus prestaciones, lo que ha provocado un aluvión de protestas de las organizaciones agrarias, con Asaja a la cabeza.
El aumento de las cotizaciones será gradual (hasta el año 2017), con el fin de aumentar lo que aportan estos trabajadores a la Seguridad Social, hasta equipararlo al resto de autónomos. No obstante, en el decreto publicado en el BOE se ha suavizado el aumento de cuotas anunciado inicialmente por el Ministerio de Trabajo, aunque se mantiene la supresión del Reass en un plazo de 15 años.
Mayores prestaciones para autónomos
Entre las medidas aprobadas por el Gobierno el 25 de abril se incluye una vieja reivindicación de los autónomos. æpermil;stos podrán acceder a cobrar por incapacidad temporal a partir del cuarto día de baja, en vez de esperar 16 días. Pero esta posibilidad no será gratis. El que desee la prestación deberá cotizar 1,5 puntos más por contingencias comunes, pagando unos 10 euros más al mes en la cuota a la Seguridad Social. Hasta ahora, la baja se producía desde el día 16, si se pagaba 1,8 puntos porcentuales más. Ligado al paquete de medidas, otro real decreto aprobado por el Gobierno reconoce a los trabajadores por cuenta propia cobrar un 20% más de pensión por incapacidad permanente al cumplir 55 años.Más novedades. Para los jóvenes menores de 30 años que se incorporen al mundo laboral como trabajadores autónomos, se creará una 'cotización joven', por la que se reducirá durante los tres primeros años la base mínima de cotización, que pasará a ser el 75% de la actual.Además, el Ministerio de Trabajo está estudiando la creación de un fondo para que los autónomos dependientes puedan cobrar el desempleo. Afecta a 800.000 trabajadores de los tres millones con que cuenta el régimen de autónomos que, a pesar de estar dados de alta por cuenta propia, tienen una relación laboral con las empresas para las que trabajan. En la actualidad estos trabajadores no cotizan por desempleo y no tienen prestación. El Gobierno presentará en junio el estudio pertinente, como reclama el Parlamento, para que sea incorporado en los Presupuestos de 2004. Los autónomos dependientes que lo deseen deberán cotizar a este fondo una cuota similar a las del régimen general por contingencias de desempleo. Posteriormente, el autónomo que quede en el paro deberá probar la situación de desempleo acudiendo a los tribunales con la rescisión del contrato mercantil que lo vinculaba con la empresa. El paquete de medidas de abril cuenta con otros cambios, como la mejora en el sistema de amortización acelerada, que será de aplicación desde enero de este año.En el tintero quedan otras peticiones, como la prestación por desempleo para 317.000 familiares que trabajan en el negocio de un autónomo.