La eurocracia se aferra a sus pensiones
El hormigueo de trajes grises con una pincelada salmón bajo el brazo se detuvo ayer en el barrio bruselense que acoge las instituciones europeas. En torno al 75% de los trabajadores de estas instituciones secundaron el llamamiento a una huelga contra el nuevo reglamento de personal, pactado el día anterior por los 15 ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.
Quizá se trate del primer paro laboral directamente relacionado con la ampliación de la Unión Europea. La ampliación del próximo 1 de mayo de 2004 obligará a compartir con 10 nuevos socios un presupuesto comunitario pensado para 15 Estados miembros. La contención del gasto exige cuadrar cuentas.
La Unión espera ahorrarse más de 1.000 millones de euros en los próximos 15 años gracias a un ajuste en el plan de retribuciones y pensiones de sus 31.000 funcionarios. El principal punto del acuerdo cerrado por los ministros con la oposición de los sindicatos prevé un aumento de tres años, hasta los 63, en la edad mínima de jubilación.
La reforma, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2004, también introduce una 'racionalización' del sistema de complementos salariales, en palabras del comisario europeo Neil Kinnock, autor de la propuesta. La 'coherencia y transparencia' del nuevo modelo que defiende Kinnock se ve desde el frente sindical como 'un atentado a los principios de independencia y competencia de las instituciones europeas'.
'El personal de las instituciones europeas, reunido en asamblea (...), constata que el acuerdo del Consejo pone en cuestión la paz social', denuncia un manifiesto sindical, cuya redacción y formato delatan el espíritu burocrático de la huelga con corbata.
La función pública europea se resiste a un ajuste laboral y de las prestaciones sociales que Bruselas recomienda, informe tras informe, a los Estados miembros y a los actuales candidatos de Europa Central y del Este. Hoy mismo el comisario Solbes alertará sobre los riesgos que presenta la viabilidad del sistema de pensiones en varios países, entre ellos España.
Los autores del acuerdo aseguran haber buscado un equilibrio entre el recorte en salarios, complementos y pensiones y la necesidad de mantener el atractivo de la función pública europea. 'Las instituciones comunitarias tienen que competir para poder atraer al personal más cualificado posible y contar con una administración de primera clase', reconoce el departamento de Kinnock.
El ingreso en la función pública europea entraña casi siempre un traslado de residencia a otro país comunitario (casi siempre Bélgica) que la UE intenta compensar con un buen salario y ciertas concesiones sociales o económicas. La nómina de un funcionario intermedio, casado y con dos hijos, puede situarse ahora en unos 5.732,62 euros al mes, y un pequeño impuesto social del 5,83% del sueldo base financia generosas prestaciones como el acceso de los hijos a una escuela europea de élite.
El sueldo base de un funcionario europeo oscila entre los 2.099,79 euros del escalón administrativo más bajo hasta los 15.414,47 de las cúspide. Los complementos mensuales de asignación familiar (184,33 euros como mínimo), de ayuda por cada hijo (237,38 euros) y de ayuda a la escolaridad (212,14 euros) mejoran el atractivo de una jornada laboral de 42 horas como máximo por semana.
La UE añade un complemento de expatriación del 16% de la suma del sueldo base y los complementos que ayuda a superar la morriña. 'El cálculo se debería hacer en horas de sol perdidas', bromean fuentes comunitarias, 'porque para algunos funcionarios del norte de Europa trasladarse a Bruselas es como irse de vacaciones'.
La reforma eliminará algunos tipos de ayuda como al alquiler o al transporte o condicionará el complemento por educación a que el hijo asista a un centro escolar de pago. La mayor amenaza, según los sindicatos, se encuentra en el endurecimiento del plan de pensiones: se eleva la edad de jubilación y penaliza el retiro anticipado. Los funcionarios necesitarán cotizar 37 años para percibir la pensión máxima que asciende al 70% de la base. Sólo los mayores de 50 años o los que lleven más de 20 años podrán acogerse al sistema actual, con jubilación a los 60.