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Columna
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Reforma ortodoxa en Brasil

Afinales de 2001, Brasil encabezaba la lista de países emergentes más endeudados, con 225.000 millones de dólares. También ocupaba el primer lugar de acuerdo con otro indicador usual de endeudamiento: sería preciso utilizar el 80% de sus exportaciones de bienes y servicios para hacer frente a los pagos por intereses de la deuda. Argentina, que tenía una posición menos deteriorada, se vio obligada a declarar un impago de su deuda en 2002, mientras que Brasil se ha defendido con éxito hasta el momento.

Para su supervivencia financiera Brasil precisa: tipos de interés moderados, para contener el servicio de la deuda en manos de inversores nacionales; una moneda relativamente fuerte, para aliviar el pago de intereses de la deuda denominada en divisa exterior, y el mantenimiento de las líneas de créditos de bancos extranjeros.

Si los inversores extranjeros perciben que el Gobierno controla sus finanzas, el real se apreciará y los tipos de interés a corto descenderán. Esto, junto con una mayor disposición de las entidades financieras a conceder créditos, estimulará la economía, lo que volverá a atraer proyectos de inversión del exterior, generando un impulso adicional sobre el crecimiento. Mayor crecimiento y tipos de interés más bajos contribuirán a reducir la ratio deuda/PIB, lo que contribuirá a generar más confianza, y el círculo de argumentos se alimentará a sí mismo. æpermil;sta es la mejor estrategia que tiene el país para lograr su solvencia económica y financiera.

No es sorprendente que el presidente Lula haya lanzado una agresiva campaña encaminada a sanear las finanzas públicas, y aun menos que lo haya hecho confrontando algunos de los aspectos más ineficientes del sistema público de pensiones. æpermil;ste fue diseñado por políticos de épocas pasadas, de talante bien diferente del actual presidente, y benefician a colectivos bien específicos que no necesitan para su supervivencia de esta discriminación positiva por parte del Estado.

La lectura de los aspectos cuya modificación se propone es suficientemente reveladora: aumentar la edad de jubilación hasta 55 años en mujeres y 60 en hombres; duplicar, elevándolo a 20 años, el periodo de tiempo que un funcionario debe cotizar para tener derecho a pensión; reducir las pensiones de viudedad a un 70% de la pensión original; obligar a los futuros jubilados a seguir pagando cuotas a la Seguridad Social; igualar el sistema de pensiones de los funcionarios al del resto de los trabajadores. La viuda de un militar recibe el 100% del salario de éste cuando fallece y, al morir ella, sus hijos heredan la prestación completa. Para un amplio grupo de funcionarios es legal simultanear la percepción de varias pensiones.

Más sorprendente puede resultar que los sindicatos y el sector supuestamente más radical del Partido de los Trabajadores se hayan enfrentado a la propuesta. æpermil;sta es totalmente ortodoxa, y corresponde al tipo de actuaciones que Brasil necesita si quiere convertirse en el país desarrollado que su presidente pretende, a la vez que reduce la enorme desigualdad social existente entre la población.

Es evidente que las etiquetas de progresista, liberal o conservador han perdido buena parte de su tradicional significado, tanto cuando se refieren a posiciones políticas como a formas de pensar en lo económico. En particular, éste es un caso en que una reducción de beneficios sociales para los trabajadores jubilados es claramente progresista. De hecho, el ahorro previsto con el menor gasto asociado al sistema de jubilación que se propone es comparable al que se estima que tendría el plan contra el hambre defendido por el presidente Lula como un elemento clave de su programa político. Se ha calculado que elevar la renta de los brasileños más pobres hasta el umbral que eliminaría el hambre a través de subsidios estatales costaría menos de un 10% del gasto social.

Aunque ha disminuido, la inflación se sitúa actualmente en 16%, lo que mantiene los tipos de interés en 23%, haciendo que los costes financieros atenacen a las empresas nacionales a la hora de lanzar sus proyectos de inversión para el futuro.

La reforma que ahora se propone es un paso en la dirección correcta para tratar de aminorar estos desequilibrios y lograr la solvencia financiera y las tasas de crecimiento que Brasil necesita.

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